Un informe regional elaborado por el Movimiento Mundial de los Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (Cicdha) muestra que en 18 proyectos llevados a cabo por empresas chinas en cinco países de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú) existieron violaciones a los derechos humanos. En Ecuador aquello ocurrió en 11 proyectos. Aquí un resumen del documento.
De los 18 proyectos, siete se relacionan con la minería, seis con la extracción de petróleo y cinco con el sector hidroeléctrico. Se determinó además que 15 de estos afectan a territorios indígenas, 11 a áreas naturales protegidas, cinco a patrimonios naturales y culturales reconocidos por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y 12 corresponden a la región amazónica ecuatoriana, boliviana y brasileña.
De estos, 11 pertenecen al Ecuador: los mineros Mirador, San Carlos Panantza, Río Blanco; los bloques petroleros 62,14, 17, 79 y 83, y los energéticos Chone Fase I - Presa Río Grande y Desaguadero San Antonio, Toachi Pilatón y Coca Codo Sinclair. Dentro de estos existen nueve casos con violaciones en más de una categoría de derechos humanos (Tabla 1).
Tabla 1
Proyectos chinos que registran violación de algún derecho
Fuente: Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente – Informe Regional 2018.
Elaboración: Consultora Multiplica.
A continuación se muestra los derechos que se habrían vulnerado en cada uno de los proyectos ejecutados en el Ecuador que se enlistan en el informe regional:
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Violaciones correspondientes al derecho a la participación y consulta:
Los proyectos Mirador y San Carlos Panantza (hogar de numerosas comunidades indígenas Kichwa y Shuar) se destacan por la falta de información detallada sobre los proyectos, la no-difusión de los estudios de impacto ambiental (EIA) y la socialización discrecional y excluyente de los proyectos, al no estar dirigida a toda la población afectada.
En el proyecto Río Blanco, los EIA han sido socializados, sin embargo, la consulta ambiental no cumplió con los estándares nacionales y tampoco se realizó un proceso de consulta previa con pueblos indígenas. En junio de 2018, un juez civil de Cuenca ordenó la suspensión de la explotación minera en el proyecto Río Blanco en razón de la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada o la consulta previa ambiental establecidas en los artículos 57 y 398 de la Constitución, y estableció la obligatoriedad de dicho proceso. Esta decisión fue ratificada en apelación por la Corte Provincial de Justicia de Azuay en agosto de 2018.
En materia de exploración y explotación petrolera, la consulta previa para la licitación de los Bloques 79 y 83, ubicados en los territorios de las nacionalidades indígenas Sápara, Shiwiar y el pueblo Kichwa de Sarayaku, se realizó con personas que no representan a las comunidades afectadas. Además, se da a notar que este proceso reincide en el incumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Sarayaku vs. Ecuador, que prohibió nuevas exploraciones petroleras en su territorio.
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Violaciones correspondientes al derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada:
En los proyectos Mirador y San Carlos Panantza las empresas mineras chinas han recurrido a prácticas irregulares de adquisición de tierras, tales como compra irregular e inconsulta; demandas arbitrarias de servidumbres mineras; interposición de juicios civiles contra familias sin títulos de propiedad. Estas prácticas de apropiación de la tierra han ocasionado el desalojo forzoso y desplazamiento involuntario de un total de 42 familias indígenas.
En cuanto a los Bloques 79 y 83, las organizaciones sociales han alertado que la explotación petrolera amenaza la extinción de las culturas Sápara y Shiwiar, las cuales poseen una población aproximada de 559 y 667 personas, respectivamente.
En el caso del proyecto minero Río Blanco, la empresa ha comprado terrenos e inscrito el título con otros límites para apropiarse de territorios comunitarios.
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Violaciones correspondientes al derecho a la vida, integridad, libertad y seguridad personales y reunión pacífica y asociación:
El proyecto San Carlos Panantza ha reportado varios allanamientos, detenciones arbitrarias e investigaciones judiciales contra líderes indígenas a raíz de la confrontación por los desalojos forzosos de agosto 2016, evento que dejó un policía muerto y nueve personas heridas.
En el marco de la protesta pacífica de la comunidad de Río Blanco de agosto a octubre de 2017, una mujer resultó herida y un menor de edad discapacitado fue detenido y acusado por la empresa bajo los cargos de ataque y resistencia.
Ante el rechazo a la licitación de los Bloques 79 y 83, nueve dirigentes indígenas fueron judicializados, algunos de ellos víctimas de agresiones y hostigamiento.
José Isidro Tendetza, dirigente Shuar de la Comunidad Yanúa Kim, quien se oponía públicamente al proyecto Mirador, desapareció el 29 de noviembre y fue encontrado muerto el 2 de diciembre de 2014. Se confirmó una muerte violenta, sin embargo, el caso quedó en la impunidad y se encuentra actualmente pendiente de admisión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La persona en cuestión, junto con otros líderes, había presentado varias acciones judiciales y denuncias contra EcuaCorriente S.A. e iba a participar en la audiencia del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza en el marco de la Cumbre de los Pueblos - COP20 en Lima.
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Violaciones correspondientes al derecho de vivir en un ambiente sano:
El proyecto Mirador en su primera fase de explotación ya ha generado graves impactos ambientales y ha alterado las formas de vida de comunidades, afectando su soberanía alimentaria, salud y medios de subsistencia. En marzo de 2018, el Ministerio de Ambiente suspendió temporalmente 40 % del proyecto por incumplimiento de la licencia ambiental y por realizar actividades sin los permisos respectivos, en particular en la planta de beneficio donde se procesan los minerales y en el lugar de depósito de los desechos.
En Río Blanco, la empresa Ecuagoldmining South America S.A. es responsable de la contaminación y desecamiento de fuentes de agua y relleno de humedales que afectan a la producción agrícola y ecosistemas.
En el proyecto multipropósito Chone, la represa inundó suelos agrícolas y se prevé que el embalse genere gases de efecto invernadero.
Aunque la Constitución de Ecuador prohíbe el otorgamiento de concesiones en áreas protegidas, parte del Bloque 14 –según reza en el estudio- se encuentra dentro del Parque Nacional Yasuní y los bloques 14 y 17 dentro de la Reserva de Biósfera Yasuní, una de las zonas con mayor biodiversidad en el planeta. Estos bloques ocupan también parte del territorio indígena Waorani, donde habitan pueblos indígenas en aislamiento, poniendo en riesgo su existencia.
De forma similar, parte del Bloque 62 se encuentra en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno y en territorios indígenas Siona y Secoya. Las comunidades afectadas han presentado denuncias ante el Ministerio de Ambiente por la contaminación del agua, suelos, aire, pérdida de biodiversidad y deforestación.
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Violaciones correspondientes a derechos laborales y asociación:
En Mirador los trabajadores han denunciado maltrato, despidos ilegales y accidentes previsibles en el lugar de trabajo. En 2014, EcuaCorriente despidió a 11 trabajadores y técnicos en represalia a sus demandas laborales. En 2018 falleció un contratista, conductor de camión, en la mina Mirador por un derrumbe. De acuerdo con trabajadores de la mina, existirían más de diez fallecidos por accidentes ocasionados dentro de este proyecto.
En la empresa Ecuagoldmining South America S.A., de Río Blanco, hasta el momento no existe sindicato. Según el testimonio de trabajadores/as se intentó conformarlo, pero fue truncado por parte de la empresa.
En el proyecto Toachi Pilatón, operado por China International Water Electric (CWE), en agosto de 2012 se solicitó la remoción del superintendente del proyecto por violar derechos laborales básicos. Extrabajadores también denunciaron haber recibido pagos irrisorios por utilidades del proyecto. Tampoco se les habría permitido organizarse en sindicatos, pues al intentarlo serían despedidos.
En la construcción del proyecto Coca Codo Sinclair, resaltan las deficiencias de salubridad y seguridad para los trabajadores. En 2014, un derrumbe causó la muerte de 14 trabajadores y 12 resultaron heridos. La Fiscalía abrió una indagación por la presunción de homicidio culposo, que fue archivada por considerar la causa una tragedia natural. Geólogos e ingenieros advirtieron que ésta contingencia era previsible.
Desde que los Bloques 14, 17 y 62 pasaron a manos de empresas chinas en 2006, se han registrado conflictos laborales por falta de pago de utilidades a los trabajadores y la falsificación de firmas. En 2009, la Corte Constitucional de Ecuador falló a favor de los trabajadores y sancionó a Andes Petroleum y PetroOriental.
El informe concluye señalando que “las violaciones de derechos humanos en que incurren las compañías chinas no constituyen hechos aislados, sino que demuestran un patrón de comportamiento recurrente y caracterizado por:
- El irrespeto de los derechos fundamentales y de los derechos económicos, sociales y culturales internacionalmente reconocidos, el incumplimiento de los estándares internacionales y la falta de rendición de cuentas sobre las violaciones;
- El continuo ejercicio de comportamientos violatorios de derechos con conocimiento de causa;
- La falta de monitoreo y exámenes de debida diligencia de derechos humanos en los proyectos en el exterior; y
- La falta de adopción e implementación de medidas efectivas para cumplir con las obligaciones extraterritoriales del Estado chino frente a los compromisos internacionales adquiridos como Estado parte del PIDESC”.
De acuerdo con el Cicdha, las relaciones diplomáticas entre China y Ecuador iniciaron en 1972. Sin embargo, en 2010 se consolidan y fortalecen sus vínculos comerciales, productivos e inversiones. Hoy en día China es el primer prestamista y contratista del Ecuador, especialmente para los sectores de hidrocarburos, minería, infraestructuras, obras hidráulicas, comunicaciones y finanzas. China se ha convertido en su mayor prestamista, llegando a otorgarle créditos por un total de $ 12.490 millones desde 2009 hasta fines de 2017, más de lo que prestaron todos los bancos multilaterales juntos durante el mismo período ($ 10.165 millones).
Por: Sebastián Rodríguez, redacción Revista GESTIÓN.
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Last modified on 2018-10-12