Los ‘aportes’ de funcionarios públicos a Alianza PAIS no eran, al parecer, tan voluntarios como dijeron sus dirigentes, desde 2007. Hay, según denuncian los afectados, asambleístas que exigen ese pago a sus asesores y asistentes. Un caso: una legisladora, que debía entregar $ 400 cada mes a la agrupación política, ‘socializaba’ ese compromiso: los cuatro funcionarios de su despacho debían cubrir ese valor. Lo cuenta Andrea Utreras. Ella trabajó dos meses con una asambleísta manabita. Cuenta que no pagó el aporte y eso incluso complicó su liquidación. Renunció porque, además, le exigían cumplir tareas ajenas a su función, dice. Fuente: Expreso.
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