La aprobación ciudadana al presidente de Chile cayó al 6% a raíz de la crisis social que estalló en octubre pasado, la cifra más baja desde 1990, según una encuesta divulgada este jueves por el Centro de Estudios Públicos (CEP).
"Un 82 por ciento de los encuestados rechaza la forma en que el presidente Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno y solo un 6 por ciento lo aprueba", informó el CEP en su último estudio.
Los chilenos rechazaron principalmente la manera en que Piñera ha gestionado su administración tras el estallido social de octubre, ya que antes de eso el mandatario contaba con más de 25% de aprobación.
En el desglose, un 81% respondió que Piñera actuó "mal o muy mal frente a la crisis social".
Además, un 64% de los encuestados cree que Carabineros (policía militarizada) "ha violado frecuentemente los derechos humanos de las personas desde octubre de 2019".
La cifra representa, según las principales encuestas de opinión chilenas, el respaldo más bajo hacia un jefe de estado desde el retorno a la democracia en 1990.
Asimismo, el 55 de los encuestados se manifestó a favor de las protestas y el 67% consideró que una nueva Constitución podría ayudar a resolver los problemas del país.
Para realizar la encuesta se entrevistó a 1.496 personas cara a cara, en 117 comunas, mayores de 18 años.
El nivel de respuesta fue de 71%, se estima un error del +/-3% y un 95% de confianza.
La crisis social en Chile se arrastra desde octubre de 2019, cuando comenzó una seguidilla de manifestaciones ciudadanas protestando contra la desigualdad, el profundo sistema económico neoliberal, el precio de los servicios básicos, la Constitución y en rechazo de la gestión del presidente Piñera.
Cuatro órganos internacionales y uno nacional establecieron a través de investigaciones que en el país que se violaron los derechos humanos durante la crisis: Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. (Sputnik)