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El Senado de Argentina debatirá y con toda probabilidad sancionará un proyecto de ley que reconoce la emergencia alimentaria en todo el territorio hasta 2022, una medida impulsada por bloques opositores y acompañada por el oficialismo que ya fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados la semana pasada.

La cámara alta se reunirá a partir de las 14.00 hora local (17.00 GMT) y se espera que tras un breve debate los legisladores aprueben esta iniciativa, que permite aumentar hasta 50 por ciento las partidas presupuestarias destinadas a programas alimentarios.

A tres meses de que termine su actual gestión, el Gobierno de Mauricio Macri accedió a apoyar esta medida durante la sesión especial que se celebró en la Cámara de Diputados el pasado miércoles, por iniciativa de varias fuerzas de la oposición.

La norma apuesta "a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años, en situación de pobreza".

Por ello habilita al Poder Ejecutivo a "disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional".

El proyecto autoriza al jefe de gabinete a aumentar cada trimestre los presupuestos en función de la inflación que registre el rubro de "alimentos y bebidas no alcohólicas" y según varíe la canasta básica alimentaria, que define la línea de indigencia.

La senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no estará presente en el plenario, por encontrarse en Cuba hasta este jueves para visitar a su hija, quien se encuentra bajo tratamiento en La Habana por problemas de salud.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que el proyecto de ley demandará 10.489 millones de pesos (181 millones de dólares) de las arcas públicas.

Desde las elecciones primarias del 11 de agosto, en las que el oficialismo obtuvo 15 puntos porcentuales menos que la oposición, el Gobierno ha impulsado varias medidas para contener la pérdida del poder adquisitivo a raíz de la depreciación de la moneda local y la inflación interanual, que en agosto llegó al 54,5 por ciento.

En 2016 el Congreso sancionó una ley que decretaba la emergencia social hasta diciembre de este año y que asignó una partida de 30.000 millones de pesos (517 millones de dólares en la actualidad) para reforzar determinadas asignaciones, bajo supervisión de la jefatura de gabinete.

En plena crisis de 2002, el expresidente Eduardo Duhalde (2002-2003) firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que creaba hasta el 31 de diciembre un programa de emergencia alimentaria a nivel nacional.

El próximo 27 de octubre se celebran elecciones generales en las que Macri aspira a revalidar su mandato. (Sputnik)
 

Last modified on 2019-09-18

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