Asamblea destituye a Carlos Baca como fiscal de la nación

El legislativo ecuatoriano destituyó este jueves de su cargo al fiscal de la nación, Carlos Baca Mancheno, por incumplimiento de funciones luego de que el ahora exfuncionario difundiera un audio entre el expresidente del parlamento José Serrano y el excontralor Carlos Pólit para su beneficio personal.

"Con 128 votos a favor el legislativo aprueba censurar y destituir al fiscal Carlos Baca Mancheno", leyó la secretaria de la Asamblea Nacional tras la votación que tuvo un debate que duró más de 10 horas y que contó con intervenciones de 12 parlamentarios.

El asambleísta del partido opositor CREO Fernando Burbano sostuvo que la censura al fiscal demuestra "la necesidad del país de fortalecer la institucionalidad de la fiscalía", para que sea "libre de cualquier injerencia", dijo en referencia a la cercanía de Baca al expresidente Rafael Correa, a quien asesoró por varios años antes de postularse al concurso de fiscal.

Pero para la legisladora de Alianza País Silvia Salgado, que fue una de las pocas en abstenerse, en el juicio político existieron "intereses cruzados" que llevaron a que se perdiera "la objetividad" pues, desde su opinión, Baca Mancheno sí había cumplido con su tarea de llevar adelante procesos investigativos trascendentales mientras estuvo en el cargo, algo que "no se tomó en cuenta".

Durante el enjuiciamiento, el fiscal se defendió argumentando que querían destituirlo únicamente por no haber callado ante la intención de Serrano y Pólit de "bajarlo" del cargo y por "haber dicho la verdad".

La Comisión de Fiscalización del parlamento aprobó el juicio político por considerar que la divulgación del audio en una rueda de prensa el pasado 26 de febrero fue hecha para su beneficio personal, de forma ilegal y provocó una crisis institucional.

Según el asambleísta socialcristiano Henry Cucalón, si Baca quería dar a conocer el audio "debió haber cumplido lo presupuestado y estipulado en el artículo 410, 411, 422, 429 del Código Orgánico Integral Penal", es decir, contar con la aprobación de un juez y con la autorización de los participantes.

De allí que Cucalón aseguró que el fiscal "no está a la altura de estas responsabilidades" y "nuestro país merece un fiscal que sea obediente a la ley, no uno que cuando existe un problema personal puede usar la ley" para su propio beneficio.

En un inicio el pedido de enjuiciamiento fue respaldado por 61 firmas de asambleístas del oficialismo y la oposición en un expediente de 40 páginas en el que se establece que la difusión de la grabación no cumplió con los parámetros establecidos en el Código Penal y que Baca, por defender situaciones personales, puso en riesgo el ordenamiento jurídico del país.

Esta es la segunda autoridad cesada por el actual legislativo, en funciones desde mayo de 2017, luego de un proceso similar contra el exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. (Sputnik)