La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, se enfrentó al Pleno de la Asamblea por presunto incumplimiento de funciones, por su supuesta responsabilidad política en el uso de bombas lacrimógenas caducadas y «ataque» en las zonas de paz durante el paro nacional de octubre de 2019.
La resolución se tomó con 104 votos a favor, 18 en contra, 12 abstenciones y cero blancos, de 134 asambleístas presentes. Los votos a favor llegaron desde las bancadas de Revolución Ciudadana, PSC, Creo, las minorías y Alianza PAIS.
La votación se dio tras más de cuatro horas de debate, en el que intervinieron 25 legisladores de todas las bancadas. Las acusaciones no solo se centraron en las acusaciones por el paro nacional, sino por su supuesta responsabilidad en el presunto reparto de los hospitales. Con la decisión de la Asamblea, Romo queda oficialmente destituida del cargo, que ocupó desde el 31 de agosto de 2018. El expediente del juicio político, de acuerdo con la resolución adoptada, será notificado a todas las funciones del Estado para que inicien las investigaciones que correspondan.
Romo fue juzgada por el incumplimiento de funciones por su supuesta responsabilidad política en el uso de bombas lacrimógenas caducadas y el «ataque» en los alrededores de las universidades, que servían de refugio de los indígenas.
La defensa de la Ministra
La comparecencia de la funcionaria comenzó pasadas las 12:00, tras más de dos horas de lectura del informe de la Comisión de Fiscalización, que analizó su supuesto incumplimiento de funciones. En la misma línea de su comparecencia ante Fiscalización, Romo comenzó su intervención con la enumeración de sus funciones determinadas en la Constitución y las leyes. Aseguró que su responsabilidad no tiene que ver con lo operativo de la Policía Nacional, sino con la emisión de planes, programas, estatutos y reglamentos.
La Ministra compareció mediante videoconferencia desde el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Estuvo allí desde la mañana, junto al presidente Lenín Moreno, la vicepresidenta María Alejandra Muñoz, la cúpula policial. También estuvo presente parte del Gabinete: los ministros de Inclusión, Educación, Trabajo, Producción, Salud y Finanzas aparecieron en el fondo.
Bombas lacrimógenas caducadas y ataque a «zonas de paz» «Descarto la discusión sobre el material de fuerza disuasiva», señaló la Ministra sobre el uso de bombas lacrimógenas caducadas. Reafirmó lo que ya dijo, que la fecha de caducidad no influye sobre el efecto que puede el gas tener sobre las personas. Y señaló que, en todo caso, estas podían perder efectividad.
Cuestionó las pruebas de la Comisión de Fiscalización. También aseguró que no hay registro de que ningún cartucho caducado de los que se usó haya tenido algún efecto «más allá de lo normal» en la población o en miembros de la Policía.
Criticó asimismo que la misma Asamblea que condecoró a los uniformados que desalojaron el Pleno de la Asamblea cuando manifestantes ingresaron, sea la que ahora la cuestiona.
Sobre el uso de bombas lacrimógenas en los alrededores de los refugios de los indígenas, Romo aseguró que «accidentalmente» hubo enfrentamientos en el exterior, pero que ella dio la orden de no acercarse a esos lugares. «Ni se bombardearon, ni se atacaron, ni la Policía nunca entró en las universidades», dijo.
Segunda intervención de Romo
Dos de los tres asambleístas interpelantes tuvieron su intervención como acusadores de la ministra Romo. Ellos son Amapola Naranjo (Revolución Ciudadana) y Roberto Gómez (independiente), quienes básicamente repitieron las presentaciones que ya hicieron ante Fiscalización.
Después, la Ministra de Gobierno tuvo una nueva oportunidad de hablar ante los legisladores. En esta ocasión, enfocó su intervención en las razones políticas de fondo que, a su criterio, impulsan realmente el juicio político en su contra.
Romo aseguró que uno de los principales temas subyacentes en este proceso de fiscalización es la estafa en el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). Sobre esto, hizo un resumen del caso y narró las irregularidades en el caso, que ya está en la Justicia.
Además apuntó a Revolución Ciudadana y al Partido Social Cristiano, y se defendió de las acusaciones del exasambleísta Daniel Mendoza, procesado por corrupción.
También señaló a José Serrano, sin mencionarlo, expresidente de la Asamblea y ahora presidente de la Comisión de Justicia, por haber admitido reunirse con Abdalá Bucaram en Panamá. «Si de verdad quieren averiguar si los Bucaram tienen un acuerdo político, ¿por qué me lo preguntan a mí, si nunca me he reunido con ellos?».
Finalizó con la conclusión de que está lista para ser censurada. Dijo que el voto de algunos legisladores a favor de su destitución será para ella una condecoración. Fuente: Primicias
Last modified on 2020-11-24