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La Contraloría estableció que Cable Andino, la firma a la que se otorgó el título habilitante para la instalación de infraestructura y explotación del cable submarino, no reportó ingresos al Estado entre el 30 de junio del 2015 y el 31 de julio del 2017. Por esto calculó un perjuicio anual de $ 1 millón. La compañía reconoce que el 2015 no facturó nada y dice que desde el 2016 paga sin inconvenientes. Javier Galarza, su gerente, indicó que se ha cancelado $ 22.784,7 hasta la fecha. Esto corresponde, según dijo, al 0,5% de la facturación de servicios y 1% de Servicio Universal. Esta empresa se constituyó el 22 de noviembre del 2012 en Manta y el 23 de mayo del 2014 solicitó el permiso para operar, a través del acceso internacional al cable Pacific Caribbean Cable System (PCCS), al exsecretario de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero. Fuente: El Comercio.

Last modified on 2019-01-25

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