Las sentencias contra Jorge Glas no están en firme. Esto en la práctica significa que el Estado no puede recuperar los $ 14 millones que la justicia ordenó confiscar al exvicepresidente y a su tío Ricardo Rivera. Los dos fallos en su contra fueron emitidos en diciembre del 2017 y junio del 2018. Pero el exfuncionario ha presentado seis recursos judiciales que han frenado la aplicación de las condenas por asociación ilícita, vinculadas a la trama de corrupción de Odebrecht. Judicialmente, una sentencia que aún no está en firme beneficia al procesado. Eso lo avala la Constitución, en su artículo 76, en el que se habla del principio de inocencia. Fuente: El Comercio.
Last modified on 2019-01-11
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