CIDH respalda pedido de información de familiares de periodistas ecuatorianos asesinados

El Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga el secuestro de los periodistas ecuatorianos asesinados en Colombia respalda el pedido de sus familiares de contar con toda la información del caso para esclarecer los hechos.

"Respaldamos el reclamo de la familia de la necesidad de tener la información completa", entendiendo "que la centralización (del caso) son las familiares de las víctimas, levantamos ese reclamo", dijo este jueves el relator para la Libertad de Expresión de la CIDH e integrante del ESE, Édison Lanza, en una rueda de prensa en Quito.

Sus declaraciones se dan luego de que las familias de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas denunciaran que la información desclasificada que les entregó el Gobierno en mayo pasado y que fue revelada el miércoles último estaba compuesta en su mayoría por notas de condolencia y boletines de prensa.

Lanza reconoció que si bien ha constatado que no existe "mala fe" para la entrega de información por parte de las autoridades ecuatorianas, el tema es que "el Estado es complejo y hay muchos organismos involucrados en este episodio", por lo que "hay que pedir información muy específica adicional a cada una de estas instancias".

En ese aspecto mencionó, por ejemplo, que el comité de crisis que se organizó tras conocer el secuestro del equipo de diario El Comercio sí entregó en su momento informes a las familias sobre lo ocurrido, "pero hoy (jueves) confirmó que hay otra información que no fue entregada y que obra en el expediente de la fiscalía".

Asimismo, apuntó que si bien en mayo la documentación que les entregaron "pudo tener un sentido" al momento podría no guardar "mayor relevancia".

De paso, Lanza anunció que en los próximos días mantendrá una reunión con el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) "para poner en marcha" las mismas diligencias pero del lado colombiano, tal como se acordó previamente.

También mencionó que el ESE trabajará en cuatro aspectos: el primero, el contexto de la frontera y los episodios previos de violencia en los que los grupos irregulares "empiezan a tener más fuerza".

El segundo eje abordará la protección y seguridad de los periodistas, pues “hoy hemos tenido el reconocimiento de la autoridad de que la situación en materia de seguridad era gravísima y, por tanto, el hecho de las medidas que se tomaron es un elemento que debe estar en las explicaciones que dé el Estado” al respecto.

Lo tercero será el análisis del manejo del secuestro en sí mismo y las negociaciones que hubo; finalmente, estudiarán los expedientes de los atentados que ocurrieron previamente en la zona fronteriza.

El relator mencionó además que están analizando emitir conclusiones preliminares a medida que avance la investigación, por lo que en su próxima visita a Ecuador, en septiembre, "pensamos ya tener una comunicación más clara sobre dónde estamos, viendo los nudos y haciendo recomendaciones sobre la investigación".

De su lado, el vocero de las familias, Ricardo Rivas, resaltó la necesidad de que se entregue toda la información clasificada, pues "esto no es un juego, es un caso muy sensible".

También aspiran conocer cuáles son los criterios del Gobierno para calificar como clasificada o no una documentación.

"Creo que tenemos que empezar por la conceptualización" y luego "el Gobierno debería entregar la información correspondiente respecto al caso, ellos conocen y le deben una respuesta clara al país", anotó Rivas, al tiempo de lamentar que "80 por ciento" de la documentación entregada "no sirve para nada".

Al respecto, más temprano el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, señaló que el presidente Lenín Moreno ante el malestar expresado por las familias ha dispuesto que no se permita "que ninguna institución oculte ningún tipo de información”.

Michelena insistió en que el mandatario ordenó que "si la información que se ha entregado no ha sido completa" y no aporta al trabajo de CIDH "no permitirá que ninguna institución pública ni ninguna instancia oculte bajo ninguna excusa ningún tipo de información".

El ESE inició el 25 de julio sus actividades en Ecuador en una primera visita que ha incluido reuniones con las autoridades involucradas y las familias de las víctimas.

Para septiembre y diciembre están previstas nuevas visitas del equipo investigador de la CIDH, el primero en su género que se creó luego de que el organismo emitiera medidas cautelares a favor de las familias de las víctimas.

Los periodistas asesinados fueron retenidos el pasado 26 de marzo en Mataje (noroeste ecuatoriano) por el frente disidente autodenominado "Óliver Sinisterra", comandado por alias "Guacho", y su ejecución fue confirmada el pasado 13 de abril.

Los cadáveres de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron hallados en Tumaco (sur de Colombia) el 21 de junio e identificados luego de realizarles varias pruebes forenses en un instituto de Cali (suroeste colombiano). (Sputnik)