El sector de la construcción contabiliza más de 70.000 empleos directos perdidos desde el 2016 por la Ley de Plusvalía. Y además le atribuye a esa normativa el decrecimiento en los últimos tres trimestres de cerca de nueve puntos. Estas cifras de un mal balance las expusieron para argumentar su rechazo a la ley y su apoyo a que sea derogada en la consulta popular que está convocada para el próximo 4 de febrero. Esa es una de las siete preguntas que se consultarán en las urnas. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador, a través de su representante, Jaime Rumbea, expuso en el pleno de la Corte Constitucional, en Quito, sus argumentos durante la audiencia que se realizó el miércoles. Paralelamente, en los bajos de la Corte decenas de obreros de la construcción realizaron una manifestación denominada de “carretillas vacías”. Fuente: El Universo.
Last modified on 2017-12-04
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