La recomendación que la Contraloría hizo para evitar una posible glosa por el caso Samanes no tuvo respuesta. El Ministerio de Finanzas y el Issfa (seguro social militar) debían reportar el cruce de los $ 41 millones que el Ministerio del Ambiente pagó en exceso, pero eso no ocurrió. El plazo se agotó y el ente de control decidió notificar con la glosa de 41 millones a la asambleísta Marcela Aguiñaga y a otros siete funcionarios, que intervinieron en la compra de los 66 lotes al Issfa, en lo que hoy es el parque Samanes. Hasta este miércoles, 8 de noviembre del 2017, la Contraloría confirmó que no llegó ningún registro de débito de ese dinero de las cuentas del Issfa. Fuente: El Comercio.
Last modified on 2017-11-09
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