La Contraloría de Ecuador conformó una veeduría ciudadana que analizará bajo qué condiciones se produjo el endeudamiento público del país durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que hasta el momento asciende oficialmente a 32.517 millones de dólares.
“Esta veeduría tiene como propósito observar el proceso, los procedimientos, la metodología llevada adelante por parte de los equipos técnicos de la Contraloría para auditar, en los términos establecidos, la deuda pública interna y externa”, dijo este lunes el contralor Pablo Celi durante la presentación de los integrantes de la comisión.
Allí informó que se ha notificado a varios funcionarios y exfuncionarios que participaron en el Comité de Deuda entre enero de 2012 y mayo de 2017 para que presenten la documentación respectiva, entre ellos el propio Correa, que al momento se encuentra en el país haciendo campaña contra la consulta popular convocada por su sucesor.
Celi apuntó que esta será la primera vez que en el país se realice un ejercicio de este tipo, en el que se esclarecerán las condiciones en las que el Gobierno de Correa adquirió deuda pública, tanto interna como externa.
El pasado 31 de julio de 2017, Celi dispuso la realización de un examen especial a la legalidad, fuentes y usos de la deuda pública del Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador, Secretaría Nacional de Planificación y otras entidades relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes del endeudamiento.
Este examen fue ejecutado por el personal técnico de la Contraloría, según las normas de auditoría gubernamental y las normas internacionales emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai, por sus siglas en inglés), y al momento “se encuentra en etapa de comunicación de resultados provisionales”, añadió Celi.
Por ello, y para cumplir con el objetivo de difundir entre la ciudadanía los resultados de este examen, se conformó la veeduría integrada por representantes de los gremios empresariales, además de juristas y financistas connotados, como el exvicepresidente de la República, León Roldós; el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón; el director del Comité Empresarial, Roberto Aspiazu; la exministra de Finanzas, Magdalena Barreiro, entre otros.
A decir del contralor, la conformación de esta comisión parte “de una convicción de que el control público puede realizarse con participación ciudadana”, que es “un principio fundamental en una democracia de representación”.
Los integrantes de la veeduría “son ciudadanos de alta valía que con responsabilidad pública y renunciamiento personal, en un acto patriótico de compromiso, han aceptado acompañar con su independencia y objetividad a un proceso que está sujeto a la crítica social”, agregó el funcionario.
La intención además es que los participantes aporten con criterios técnicos, opiniones especializadas, observaciones críticas e incluso con información adicional.
Las preocupaciones sobre la deuda del país se acentuaron luego de que el Gobierno del exmandatario cambió la forma de calcular la deuda para con ello reducir la relación entre endeudamiento y PIB y no superar el límite constitucional del 40 por ciento.
En la administración de Correa se modificó la metodología de cálculo y de esta manera se excluyó, por ejemplo, los deberes del Gobierno con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el endeudamiento interno en certificados de tesorería, lo que le permitió reducir el endeudamiento en al menos 11 puntos porcentuales.
Hasta noviembre de 2017, la deuda consolidada ascendía a 32,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la agregada (que incluía todos los compromisos del país) llegó a 46,2 por ciento, una cifra que superaría el límite legal.
Last modified on 2018-01-09