La Contraloría del Estado determinó que el vicepresidente Jorge Glas sí tuvo responsabilidades en la adjudicación del campo petrolero Singue y este viernes lo sancionó con la destitución del cargo luego de que finalizara los 30 días que tenía Glas para presentar sus descargos, quien además es procesado por el caso Odebrecht.
“La Contraloría notificó hoy 27 de octubre del 2017 al vicepresidente Jorge Glas sobre su destitución predeterminada, una vez que concluyó el plazo de 30 días que tenía para presentar descargos sobre su participación en la adjudicación del contrato de explotación petroleras del bloque Singue en la Amazonía”, informó diario El Comercio en su portal web.
Una fuente de la Contraloría explicó a GESTIÓN que el organismo “sí tiene la facultad de destituir a autoridades de elección popular y en este caso el vicepresidente también es de elección popular por lo que sí tendría esa facultad”.
“Cuando destituye Contraloría, envía oficios a Ministerio de Trabajo, pero notificando la resolución solamente”, aclaró la fuente.
Sin embargo, juristas entendidos en la materia señalan que el vicepresidente “solo puede ser enjuiciado y destituido por la Asamblea Nacional”, escribió el exasambleísta Ramiro Aguilar en su cuenta de Twitter.
El contrato petrolero por el que el ente de control emitió la sanción data del año 2012 y se realizó entre el Estado ecuatoriano, a través de la Secretaría de Hidrocarburos, y el Consorcio DGC, integrado por las compañías Dygoil Consultoría y Servicios Petroleros Cía. Ltda.
Según la entidad, en esta adjudicación participó el Comité de Licitación Hidrocarburífera (CLH), que estaba integrado por el entonces ministro de Sectores Estratégicos y hoy vicepresidente Glas, además del viceministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuzelli y la coordinadora del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, María Lorena Espinoza.
La indagación se da, entre otras anomalías, porque este comité habría calculado la tasa de retorno basándose en el 80 y no en el 100 por ciento de las reservas del campo petrolero, lo que ocasionó un perjuicio al Estado de al menos 5,2 millones de dólares, que se pagaron a las empresas beneficiarias.
Además del perjuicio al Estado, la contraloría determinó que la adjudicación del contrato fue irregular, pues el consorcio no cumplió con los requisitos establecidos y debía ser descalificada, algo que no ocurrió.
Last modified on 2017-10-27