Cuando inició la construcción, el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) estipuló que las Unidades Especializadas de la Función Judicial de Guayaquil costarían $ 34 millones. Costaron el doble. La inversión se hizo a la velocidad de la luz. Meses antes, en 2011, la Función Judicial había sido declarada en emergencia y era necesario que la edificación de las plataformas fuera inmediata. Fueron aprobadas 47 construcciones y 26 remodelaciones en, al menos, 60 ciudades del país. Años después, los sobreprecios, las contrataciones poco claras y las facturas sin sustento son el legado del boom inmobiliario de la justicia. Un índice que terminó superando por cerca de $ 26 millones el monto original planificado. Así lo establecen cuatro informes de la Contraloría. Fuente: Expreso.
Last modified on 2017-09-28
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