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La jueza de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Daniela Camacho, resolvió el miércoles llamar a juicio al expresidente Rafael Correa (2007-2017) por su responsabilidad en el secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en 2012 en Bogotá.

"Esta juzgadora decide aceptar el pedido de la Fiscalía (....) y llamar a juicio a Rafael Correa Delgado", dijo la magistrada.

La justicia ecuatoriana vinculó a Correa en la investigación luego de que dos ex agentes de inteligencia, Diana Falcón y Raúl Chicaiza, señalaran en sus versiones que la orden de ejecutar el secuestro vino del propio expresidente y de su secretario de Inteligencia.(Sputnik)

El abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, rechazó la decisión y dijo que obedece a presiones políticas, pues los elementos de convicción presentados por la fiscalía fueron desvirtuados por la defensa del exmandatario.

"La resolución defrauda a todo el mundo", aseguró Ochoa.

Por su parte Balda dijo que se hizo justicia.

"No es un momento para celebrar (...) porque se comprobó que este hecho criminal fue ordenado por un presidente de la Republica", afirmó.

El político añadió que acudirá a instancias internacionales para lograr la extradición de Correa.

"No hemos luchado contra simples ciudadanos; hemos luchado contra una mafia que tuvo todo el poder del Estado", enfatizó Balda.

También dijo que presentará en la fiscalía una denuncia de peculado por el mal uso de fondos públicos, utilizados para su secuestro.

La justicia ecuatoriana vinculó a Correa en la investigación luego de que Falcón y Chicaiza señalaran en sus versiones que la orden de ejecutar el secuestro vino del entonces presidente ecuatoriano.

El exmandatario tiene orden de prisión preventiva desde julio pasado.

La jueza ratificó la orden y lo declaró prófugo.

En septiembre, el fiscal general del Estado, Paúl Pérez, acusó a Correa, al exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, así como a Chicaiza y a Falcón como autores de los delitos de asociación ilícita y secuestro.

La jueza, sin embargo, no encontró procedente el delito de asociación ilícita.

Correa reiteradamente a través de sus abogados y de su cuenta de la red social Twitter ha negado las acusaciones en su contra y ha asegurado que hay "falso testimonio, pruebas forjadas y chantaje" en el caso Balda.

Según la Fiscalía, existen 28 evidencias que vinculan a Correa en el caso.

El presidente Lenín Moreno ha calificado como una "cantaleta sin sustancia que solapa las actitudes corruptas" a los argumentos esgrimidos por Correa y sus partidarios respecto a que sería objeto de una persecución política, y ha exhortado al exmandatario a que regrese al país para que se defienda ante la justicia de las acusaciones que hay en su contra.

El caso ha captado la atención pública en Ecuador, sobre todo cuando se conoció que una abogada de Correa, Yadira Cadena, y la legisladora Sofía Espín, del movimiento político de Correa, visitaron a Falcón en la cárcel en la que está recluida.

Según aseguró Falcón tanto en una comparecencia en la Fiscalía como en la Asamblea Nacional, la visita tuvo el fin de pedirle que cambie su versión para no perjudicar a Correa y a cambio se le ofreció protección de la Organización de las Naciones Unidas, asilo en Bélgica e incluso dinero, lo cual es negado tanto por Cadena como por Espín, que dicen que la visitaron por razones humanitarias.

La conducta de Espín fue investigada por una comisión de la Asamblea Nacional de Ecuador que recomendó su destitución como legisladora.

Last modified on 2018-11-07

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