La Defensoría del Pueblo instó al Gobierno a transparentar la información respecto a las condiciones del acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros seis multilaterales. Si el acuerdo se concreta, el país recibirá $ 10.279 millones en los próximos tres años. En un comunicado, la Defensoría del Pueblo señala que el artículo 419 de la Constitución determina que todo tratado internacional, incluidos los acuerdos bilaterales que comprometan la política económica del Estado a condiciones de instituciones financieras internacionales” requiere de la aprobación de la Asamblea, previo dictamen de la Corte Constitucional. Además, el ente pidió que se informe sobre el estado del proceso de suscripción, dictamen constitucional y ratificación que el acuerdo deberá seguir. Fuente: El Comercio.
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