Las declaraciones del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, en el sentido de que a finales de año se tomaron unos $ 300 millones correspondientes a la recaudación por la Ley de Solidaridad que debe servir para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto, generan dudas sobre su legalidad. Según el jurista Antonio Gagliardo Loor, este tema debe ser investigado por la Contraloría, tomando en cuenta que la norma indicaba que los dineros recaudados debían ser destinados a un fin específico. Si se lo desvió para otros, no sería legal. Los analistas coincidieron en que estamos en una etapa en que existe un gasto público insostenible y que la acción del ministro refleja ‘desesperación’ por liquidez. Fuente: El Universo.
Last modified on 2018-01-09