EEUU endurece control fiscal sobre Puerto Rico

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) creada por Washington para monitorear las cuentas del Gobierno de Puerto Rico, incrementó el control sobre los contratos públicos, en especial los destinados a los trabajos de reconstrucción de la isla tras el paso del huracán María en setiembre del año pasado.

"La supervisión del proceso de contratación del gobierno de Puerto Rico es necesaria para aumentar la efectividad y la transparencia de las finanzas del sector público y aumentar la fe del público en el proceso", precisó Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JSF, según consignó este miércoles el diario puertorriqueño El Nuevo Día.

Según este medio, los contratos de diez millones de dólares o más ya requerían la aprobación de la junta; sin embargo, a partir de ahora se exigirán además declaraciones firmadas por las dependencias del Gobierno.

Así, entidades como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura, y la Administración de Asuntos Federales, entre otras, tendrán que presentar certificaciones firmadas sobre el proceso de contratación, informó El Nuevo Día.

La JSF exige además detalles sobre "la compensación, relaciones con terceros, potenciales conflictos de interés y cualquier acción con el propósito de influenciar oficiales públicos en conexión con la adquisición, negociación o ejecución de un contrato".

La certificación debe llevar la firma del principal funcionario ejecutivo de la agencia u otro oficial con autoridad para suscribir ese tipo de documentos, señaló el periódico puertorriqueño.

En octubre del año pasado, la JSF exigió la revisación de los contratos superiores a diez millones de dólares luego del escándalo por el contrato que la Autoridad de Energía Eléctrica de la isla firmó con la empresa Whitefish por 300 millones de dólares, en lugar de activar los acuerdos de apoyo mutuo con empresas públicas de EEUU.

REFUGIADOS EN EEUU

Por otra parte, el lunes un juez federal de EEUU ordenó a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de ese país (FEMA, en inglés) que extienda hasta el 23 de este mes un programa de ese organismo que brinda vivienda y asistencia a unas 1.700 personas que están viviendo en hoteles y moteles de varias ciudades estadounidenses tras perder sus hogares a causa del huracán.

Según informó el martes la revista Pacific Standard, FEMA quería suspender el programa el pasado fin de semana, pero la organización de derechos humanos LatinoJustice PRLDEF llevó el caso a la justicia, argumentando que la entidad federal no puede dejar sin asistencia a las familias puertorriqueñas antes de darle una solución a mediano o largo plazo.

El 23 de julio la justicia decidirá si vuelve a extender el plazo del programa.

María tocó tierra en la isla el 20 de septiembre de 2017, con fuertes vientos, tormentas e inundaciones que provocaron muertes, la caída de árboles, severos daños en viviendas y el colapso de los sistemas de electricidad en todo el territorio.

Si bien el Gobierno afirma que fallecieron 64 personas tras el paso del huracán, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en mayo de este año sostiene que los muertos habrían sido 4.645.

El Gobierno de Puerto Rico fue criticado desde los primeros días tras el paso del huracán, primero por no dar cifras oficiales y luego, una vez que se conocieron los primeros datos, por la sospecha de que los números aportados por las autoridades no se condecían con la realidad. (Sputnik)