El 60% de niñas y niños de Brasil son pobres, según Unicef

Algo más del 60 por ciento de los menores de edad brasileños viven en la pobreza, según un informe divulgado este martes por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

"El 61 por ciento de los niños y adolescentes brasileños se ven afectados por la pobreza en sus múltiples dimensiones (…) la pobreza en la infancia y la adolescencia va más allá de la renta, hay que observar el conjunto de privaciones de derechos a los que los menores son sometidos", apunta el informe, que contempla parámetros diversos para estimar la pobreza.

De esta forma, además del ingreso, se tienen en cuenta seis indicadores para complementar el concepto de pobreza: derecho a la educación, información, protección contra el trabajo infantil, vivienda, agua y alcantarillado.

Del total de 32 millones de menores brasileños que viven en situación de pobreza (el 61 por ciento del total) unos seis millones se ven afectados únicamente por la pobreza económica, aunque tienen garantizados el resto de los derechos analizados.

Otros 12 millones tienen además uno o más derechos negados por lo que soportan una privación múltiple.

Por último, hay 14 millones de niños y niñas que aunque económicamente no son pobres tienen uno o más derechos negados.

Sumados esos dos últimos grupos Brasil tiene casi 27 millones de niños y adolescentes (el 49,7 por ciento del total) con uno o más de sus derechos negados, es decir, en situación de "privación", según Unicef.

En el conjunto de aspectos analizados, la falta de saneamiento en viviendas y vecindarios es lo que afecta a mayor cantidad de niñas y niños (13,3 millones), seguida por la falta de educación (8,8 millones), agua (7,6 millones), información (6,8 millones) y vivienda (5,9 millones), mientras el y trabajo infantil impacta a 2,5 millones de menores.

Unicef recomienda al Gobierno brasileño que incluya a la infancia y la adolescencia como "prioridad absoluta" en el Plan Plurianual 2020-2023, lo que contribuiría a que el país cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados para 2030.

Además, propone que los registros oficiales de los órganos estatales empiecen a usar el concepto de privaciones múltiples en sus estudios, para tener una visión más completa sobre el problema y poder actuar en consecuencia. (Sputnik)