En el Sistema Informático de Trámite Judicial (Satje) no se ha subido la providencia, hasta las 12:30 de este miércoles 1 de abril. Tampoco ha llegado a los abogados de los procesados en el caso Sobornos 2012-2016.
Sin embargo, entre los funcionarios judiciales y los abogados del caso se conoce que la audiencia para leer la sentencia oral se realizará el martes 7 de abril, a las 10:00.
Paúl Ocaña, abogado del empresario Teodoro Calle, confirmó a PRIMICIAS que está esperando únicamente la confirmación oficial de la convocatoria.
Asimismo, Fausto Jarrín, defensor del expresidente Rafael Correa, indicó que es un rumor que se ha venido difundiendo en las esferas judiciales.
Al momento, por la emergencia que vive el país por el coronavirus, se han suspendido todas las diligencias judiciales presenciales, a excepción de las flagrancias y los casos penales que se puedan desarrollar telemáticamente.
Ocaña dice que no hay ningún inconveniente legal para que la lectura de la sentencia se haga a través de medios electrónicos. Este tipo de audiencias sólo requieren la lectura del juez ponente y no demandan mayor interacción entre las partes.
Caso contrario, dice Ocaña, es lo que ocurre con el caso Singue donde el proceso está en pleno juzgamiento y se deben hacer interrogatorios y contra interrogatorios, por lo que hacerlo de manera virtual es prácticamente imposible.
Jarrín, por su lado, califica la convocatoria como una barbaridad y dice que con este solo se sumaría una nueva nulidad al caso Sobornos 2012-2016.
Medidas de seguridad
Según conoció PRIMICIAS, para la lectura de la sentencia se habilitarán tres salas en la Corte Nacional de Justicia y una en la Corte Provincial del Guayas.
Entre todas, se establecerá una conexión de transmisión en tiempo real por videoconferencia u otro mecanismo telemático.
En cada sala se restringirá el acceso a no más de 15 personas. Así se repartirán las partes procesales en las cuatro salas:
- Sala del octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (Quito): 13 personas
- Tribunal de Juicio (3 personas)
- Secretario Relator (1 persona)
- Coordinador Jurídico (1 persona)
- Fiscalía (2 personas)
- Procuraduría (2 personas)
- Defensa Pamela Martínez (1 persona)
- Defensa Laura Terán (1 persona)
- Personal apoyo logístico (2 personas)
Sala Mezanine 1 de la Corte Nacional de Justicia (Quito): 8 personas
- Personal Secretaria (1 persona)
- Defensa Rafael Correa (1 persona)
- Defensa Jorge Glas (1 persona)
- Defensa María de los Ángeles Duarte y William Phillips (1 persona)
- Defensa Alexis Mera (1 persona)
- Defensa Christian Viteri (1 persona)
- Personal apoyo logístico (2 personas)
Sala Mezanine 2 de la Corte Nacional de Justicia (Quito): 9 personas
- Personal Secretaria (1 persona)
- Defensa Édgar Salas (1 persona)
- Defensa Alberto Hidalgo (1 persona)
- Defensa Víctor Fontana (1 persona)
- Defensa Ramiro Galarza (1 persona)
- Defensa Rafael Córdova (1 persona)
- Defensa Teodoro Calle (1 persona)
- Personal apoyo logístico (2 personas)
Sala Corte Provincial de Justicia Guayas (Guayaquil): 9 personas
- Personal Secretaria (1 persona)
- Defensa Christian Viteri (1 persona)
- Defensa Viviana Bonilla (1 persona)
- Defensa Vinicio Alvarado (1 persona)
- Defensa Walter Solís (1 persona)
- Defensa Yamil Massuh (1 persona)
- Defensa Pedro Verduga (1 persona)
- Personal apoyo logístico (2 personas)
Al ingreso de los edificios y salas, personal de los departamentos médico y administrativo, harán los controles de temperatura y provisión de gel antibacterial, así como el control de que cada persona se encuentre provista de las mascarillas y guantes.
En la convocatoria se aclara que en el caso de las partes que participen desde Guayaquil, debido al nivel de propagación del coronavirus, podrán conectarse vía Skype u otra similar desde sus direcciones electrónicas.
Además, por las restricciones de movilidad por la emergencia sanitaria, la providencia servirá como justificativo y/o documento habilitante para gestionar los salvoconductos, única y exclusivamente para las personas que va a asistir a tal diligencia.
El caso
Este caso investiga una supuesta red de corrupción montada durante el gobierno de Correa.
Según la teoría de la Fiscalía, paralelamente a la Presidencia se montó una estructura delictiva que cobraba sobornos a empresas privadas a cambio de contratos con el Estado, para financiar actividades políticas de Alianza PAIS,
La fiscal Diana Salazar pidió ocho años de prisión para 17 de los 21 procesados en el caso.
Además, no acusó a Yamil Massuh. Mientras que para las exasesoras de Correa, Pamela Martínez y Laura Terán; y el empresario Pedro Verduga solicito penas reducidas por su colaboración en el proceso. Fuente: Primicias
Last modified on 2020-04-01