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El exsecretario de Inteligencia Pablo Romero (2012-2014), vinculado al secuestro en Colombia del político opositor Fernando Balda, no accederá al mecanismo de cooperación eficaz que le permitía reducir su pena, dijo este viernes a la prensa su abogado defensor, Stalin Oviedo.

"No hemos pensado en la cooperación eficaz", indicó Oviedo.

Romero fue vinculado al caso por la Justicia el 31 de mayo pasado como autor mediato por el delito de asociación ilícita y secuestro.

En entrevistas con varios medios de comunicación vía online desde España, donde reside, Romero afirmó días atrás que autoridades ecuatorianas le ofrecieron acceder al mecanismo de cooperación eficaz para reducirle la pena a cambio de incriminar al expresidente Rafael Correa (2007-2017), a quien se le acusa de haber ordenado el rapto.

Al respecto aseguró que "se negó a mentir".

El exjefe de Inteligencia ha insistido en que ni él ni Correa tienen relación con el caso, a pesar de los testimonios de exfuncionarios que aseguran que el operativo contra Balda fue ordenado desde la casa de Gobierno.

El abogado indicó este viernes que su cliente no se presentó el jueves a rendir su versión de los hechos desde la Embajada de Ecuador en España "en virtud de una sugerencia, un consejo legal del grupo de abogados" que lo asesora en ese país.

Añadió que el pedido de asilo político realizado por su defendido "fue solicitado antes de la vinculación (al caso)" y que ese trámite se lleva a la par del requerimiento de extradición demandado por Ecuador.

Para Oviedo los testimonios proporcionados por quienes incriminan al exmandatario y a su cliente "tenían un guion" y "no son contundentes", pues "existen contradicciones que van a ser demostradas en el proceso".

El abogado declaró, además, que solicitaron que por medio de los organismos de cooperación bilateral se facilite a su cliente "realizar su declaración ante los tribunales o jueces españoles", algo que aún no ha sido confirmado por la fiscalía ecuatoriana.

El secuestro de Balda ocurrió el 13 de agosto de 2012 en Bogotá cuando cinco personas lo interceptaron y lo embarcaron a la fuerza en un automóvil, que horas más tarde fue detenido por la Policía Antisecuestros de Colombia.

El exlegislador se refugiaba en ese momento en territorio colombiano después de que la justicia de Ecuador emitiera contra él una orden de prisión por supuestamente atentar contra la seguridad interna del Estado, luego de que denunciara que en el Gobierno de Correa se ejecutaban acciones de espionaje en contra de opositores y periodistas. (Sputnik)

Last modified on 2018-06-22

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