La fiscal, Diana Salazar, señaló en calidad de autores del delito a nueve exfuncionarios públicos, incluyendo al expresidente Rafael Correa.
Noticia actualizada a las 13:15 del lunes 11 de noviembre de 2019 con detalles de la acusación fiscal.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se cumple en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia. Empezó con el pronunciamiento de la jueza Daniella Camacho.
Durante hora y media, la jueza desechó, uno a uno, los alegatos de las defensas que, con distintos argumentos, habían planteado la nulidad.
Camacho refutó, por ejemplo el argumento de que debió anteceder un informe del Consejo Nacional Electoral (CNE) o del Tribunal Contencioso Electoral sobre las cuentas de Alianza PAIS. Dijo, que el Código de la Democracia no prevé ese requisito de procedibilidad.
Entre otros, también desechó un reclamo sobre una supuesta acumulación de procesos.
Esta diligencia se había dilatado cerca de un mes por incidentes procesales creados, principalmente, por las defensas del expresidente Rafael Correa, Vinicio Alvarado y Jorge Glas que plantearon declarar la nulidad del caso.
En este caso se investiga el supuesto financiamiento ilegal que habría recibido Alianza PAIS de empresarios y contratistas del Estado que habrían hecho aportes en efectivo y mediante el cubriendo facturas de gastos hechos por la agrupación política.
La acusación fiscal
A partir de las 11:00, la Fiscalía presenta los elementos de convicción para sustentar la acusación.
La fiscal Diana Salazar decidió impulsar el caso únicamente por el delito de cohecho, que no prescribe y que se encuentra tipificado desde el anterior Código Penal.
Dejó de lado los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias para evitar que las defensas no argumenten que se ha angustiado el caso.
Este momento, Salazar realiza la individualización de los procesados por el delito:
A Rafael Correa, Jorge Glas, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera, Walter Solís, Viviana Bonilla, Pamela Martínez, Laura Terán, los acusa en calidad de autores.
Como cómplices fueron acusados María Augusta Enríquez, exasesora de Vinicio Alvarado, y Jamil Farah Massu, exasesor de María de los Ángeles Duarte.
El cohecho es un delito imprescriptible y se juzga en ausencia.
La Fiscalía presume que, por esta vía, PAIS recibió cerca de USD 15 millones. Hay 24 personas, entre funcionarios públicos y empresarios, señalados.
Solo por el mecanismo de cruce de facturas, hasta 2016, la estructura criminal del caso, recaudó USD 6,7 millones. La fiscal presentó la siguiente línea de tiempo:
- 2012: USD 2,71 millones
- 2013: USD 3,12 millones
- 2014: USD 5,10 millones
- 2015: USD 5,62 millones
- 2016: USD 6,77 millones
“A pesar de que dicen que la corrupción no deja factura, en este caso Sobornos sí las hubo”, dijo Salazar. Reiteró que el delito fue de doble vía: los cohechadores y los cohechados
Según la Fiscal, el entramado sirvió para beneficiarse de forma personal, como el pago de USD 365.000 a Alexis Mera (servicios verdes) y para mantener una estructura de poder.
Hidalgo & Hidalgo fue la empresa que más contratos tuvo: 23 con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; le sigue Equitesa, con 17 contratos; y Técnica General Construcciones, con 14 contratos.
Fuente: Primicias
Last modified on 2019-11-11