La Fiscalía General del Estado iniciará de oficio una investigación previa para determinar si, efectivamente, la actual vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, recibió “diezmos” de sus colaboradores mientras cumplió como asambleísta entre 2009 y 2017.
La fiscal general (e), Ruth Palacios, señaló este martes 27 de noviembre a los medios que se hará “una investigación previa” y “reservada” sobre el caso que permita “asegurar resultados”.
El tema salió a la palestra pública luego de que Teleamazonas revelara en un reportaje que un excolaborador de Vicuña, en una declaración juramentada, afirma que pagó entre $ 300 y $ 1.400 mensuales a la ahora vicepresidenta entre 2011 y 2013, a cambio de mantenerse en el cargo.
Ángel Polibio Sagbay indica que trabajó en dos cargos distintos para Vicuña “y que debía hacer depósitos a favor de la legisladora” a una cuenta registrada a su nombre en el Banco de Machala.
Dice asimismo contar con las pruebas de respaldo correspondientes, como el historial de transferencias de su cuenta de Banco Pichincha, desde donde aparentemente trasladaba los fondos a favor de Vicuña.
Palacios insistió en que investigarán la noticia, pero añadió que aún no existe “ninguna prueba” que permita aseverar la existencia de un delito.
De corroborarse el ilícito, la vicepresidenta podría enfrentar sanciones de tipo penal y político que, incluso, derivarían en su destitución del cargo.
La Asamblea Nacional tendrá un rol determinante, pues en el primer caso debería aprobar un enjuiciamiento penal contra Vicuña y, en el segundo, podría dar trámite al enjuiciamiento político.
Hasta el momento la funcionaria no se ha pronunciado al respecto.
Last modified on 2018-11-27