La Fiscalía solicitó a la Corte Nacional fecha y hora para audiencia de vinculaciones en el caso ‘Sobornos 2012-2016’. La institución investiga los supuestos aportes ilegales que habría recibido el movimiento del expresidente para financiar sus gastos de campaña.
El archivo ‘Verde Final’ –que contiene unos 63.000 documentos y hojas de cálculo- fue la pista que necesitaba la Fiscalía para dibujar el esquema de financiamiento ilegal que habría operado en Alianza PAIS, durante el gobierno de Rafael Correa.
Ese documento fue encontrado en la computadora de Laura Terán, exasistente de Pamela Martínez, quien a su vez era la asesora de Correa.
Tras 14 días de investigaciones, la Fiscalía cree tener elementos suficientes para vincular a 22 personas más al caso, una de ellas es Rafael Correa.
La entidad, preparándose para esta etapa, ya había solicitado información sobre los estados financieros, la información tributaria, movimientos migratorios así como las actas de posesión de exmandatario.
Varias entidades como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (Uafe), el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Consejo Nacional Electoral (CNE) tenían que enviar la información.
La Fiscalía tiene abierta una investigación por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Hasta ahora los únicos implicados eran Terán, Martínez -quienes son testigos protegidos- Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia -quien guarda arresto domiciliario en su casa en Guayaquil-, y María de los Ángeles Duarte, exministra de Obras Públicas -ella porta grillete electrónico y debe presentarse en la Corte cada semana-.
Ahora, según el documento que la Fiscalía remitió a la Corte, hay “elementos suficientes” para incluir en el caso a:
- Rafael Correa, expresidente de la República, está en Bélgica.
- Jorge Glas, exvicepresidente de la República, en la Cárcel de Latacunga.
- Walter Solís, exsecretario del Agua. Prófugo
- María Augusta Enríquez, exasesora de
- Vinicio Alvarado. Vinicio Alvarado, exsecretario de la Administración Pública. Su último domicilio conocido es en Caracas, Venezuela.
- Viviana Bonilla, asambleísta y excandidata a la alcaldía de Guayaquil. En este caso es necesaria la autorización previa de la Asamblea para la instalación de la audiencia de vinculación.
- Christian Viteri, exasambleísta de PAIS.
- Yamil Massuh, exasesor de María de los Ángeles Duarte.
- Italo Centanaro, exgerente de la hidroeléctrica Coca Codo-Sinclair.
- Francisco Noboa, presidente del estudio jurídico Noboa Rivera & Asociados.
- Alberto Hidalgo, gerente de Albioc, exapoderado del Consorcio Puerto Limpio.
- Víctor Manuel Fontana, presidente de Fopeca.
- Ramiro Galarza, gerente general de Consermin.
- Édgar Salas, apoderado de Consermin y Asociados.
- Pedro Verduga, gerente de Equitesa. Durante la versión que rindió en Fiscalía, aseguró que se encuentra en Miami, Estados Unidos.
- Bolívar Sánchez, presidente de Sanrib Corporation S.A.
- William Phillps, accionista de Azulec S.A. y apoderado de Urazul S.A.
- Rafael Córdova, gerente de Mercantil Técnica Córdova Metco. Según sus registros migratorios, el 18 de julio salió con dirección a Aruba.
- Cai Runguo, representante de la empresa Sinohydro.
- Teodoro Calle, presidente de Técnica General de Construcciones (TGC).
- José Verdú, gerente de la compañía Verdú y presidente de Corredor Vial de la Costa Cvialco.
- Mateo Choi o Choi Kim Du Yeon, presidente de SK & Consultores Ecuador. Él tiene su domicilio registrado en la Isla Santa Cruz, en Galápagos.
Entre ellos hay exfuncionarios públicos pero también apoderados, representantes y gerentes de empresas nacionales y extranjeras que habrían hecho aportes a PAIS por USD 14 millones que no fueron declarados.
La Fiscalía presume que hubo dos modus operandi: el pago en efectivo y el pago con cruce de facturas.
Muchas de estas empresas recibieron contratos del Estado, especialmente en proyectos estratégicos, sin licitación.
Last modified on 2019-07-25