Lo anunció el ministro Francisco Jiménez. El pedido de mediación fue un planteamiento hecho por las organizaciones indígenas que lideran el paro.
El Gobierno retomará el diálogo con el movimiento indígena. Lo hará con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que determinará la metodología, el lugar, los representantes y los temas por tratar.
“La voluntad del gobierno es que pueda retomar la paz para los ecuatorianos”, dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en rueda de prensa.
Jiménez añadió que el Gobierno no quiere poner condicionamientos para el diálogo, y exhortó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) a evitar más actos de violencia.
La decisión se dio un día después de que el Gobierno había anunciado que no retomaría el diálogo mientras las protestas violentas se mantengan.
Crisis se ahonda
Mientras tanto, los efectos del paro nacional se sienten cada vez con más fuerza en varias ciudades del país, donde las protestas se mantienen. Y la crisis social y política permanece, pese a que el presidente Guillermo Lasso se salvó de perder el cargo por apenas una docena de votos en la Asamblea Nacional.
El desabastecimiento de productos de primera necesidad, de gas de uso doméstico, combustibles y tanques de oxígeno, y medicinas son críticos. Los ofrecimientos y pedidos de la dirigencia indígena de permitir los corredores humanitarios no han tenido eco en las provincias.
La noche del 28 de junio, Nayra Chalán, vicepresidenta de la Ecuarunari y uno de los rostros más visibles del paro, llamó a sus bases a “tener absoluto control” contra los infiltrados de la fuerza pública, para evitar caos.
Desde la Conaie, la Feine y la Fenocin, los dirigentes han pedido insistentemente que la protesta se mantenga pacífica y que se permita el paso de vehículos de emergencia y con productos esenciales. Pero esto no sucede, la lista de ataques a la propiedad pública y privada, civiles y uniformados, sigue en aumento.
Esa misma noche, mientras los líderes del paro pedían paz y mesura, un grupo de manifestantes incendiaba dos unidades de policía comunitaria en el norte de Quito, en Calderón.
A la vez, la cifra de fallecidos en el contexto del paro nacional suma seis personas, cinco civiles y un militar. Aunque, el gobierno y las organizaciones de derechos humanos tienen versiones distintas sobre cada caso, al igual que sobre cada enfrentamiento.
Hermetismo del Gobierno
Los mensajes presidenciales se habían limitado a las redes sociales hasta antes de las 20:00 del 29 de junio de 2022. Así se dio a conocer el nuevo estado de excepción decretado por el presidente Lasso, que regirá en Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana.
Esos son los territorios donde se han concentrado los hechos de violencia y donde el desabastecimiento llega a niveles críticos, según el Ejecutivo. Por ello, tres de las cuatro provincias tendrán, además, un toque de queda.
No hubo pronunciamientos oficiales durante el día. El Gobierno ratificó, en diversas entrevistas concedidas durante la mañana, su decisión de no retornar a la mesa de diálogo si el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, está presente.
Por lo que, durante una de las marchas en Quito y ante la ausencia de Iza, la Policía informó a los manifestantes que el ministro Jiménez podría recibir a los dirigentes presentes en ese momento para conversar.
Durante el día, el ministro advirtió que “los dirigentes indígenas deben entender que no pueden pretender secuestrar un Estado, ni a un Gobierno”. Y recordó las acciones sociales y económicas que ha tomado el Ejecutivo.
Jiménez acusó, en esas intervenciones, de intransigencia a los líderes del paro nacional, aunque habían anticipado que podría retomar el diálogo a través de una mediación.
El comandante de la Policía, Fausto Salinas, contó que hasta el mediodía de los 17 días de protesta, la institución ha tenido 228 uniformados heridos, algunos agredidos con armas de fuego, 32 policías retenidos y liberados. Además de la destrucción de 10 UPC, una UVC, 11 vehículos destruidos y 72 vehículos con daños.
La Conaie cambia de tono
Se cumplieron dos días desde que el gobierno abandonó la mesa del diálogo. Y los dirigentes de las organizaciones que plegaron al paro se mantuvieron fuera de la escena pública. Las dos marchas que se realizaron en la capital fueron lideradas por dirigentes locales.
Las organizaciones de base, como la filial amazónica de la Conaie (Confeniae) y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) reiteraron su intención de sostener la protesta. Los primeros lo harán en las provincias de su región y los segundos reforzarán la capital.
Durante el día, la Conaie acusó al Gobierno de intentar dividirlo, por la invitación de Jiménez a los dirigentes locales. Previamente, Iza había pedido al presidente Lasso, la noche del 28 de junio, que siga el proceso de diálogo “para resolver los problemas”.
El dirigente indígena dijo que siguen esperando y pidió a las autoridades de las otras funciones del Estado que sigan de garantes del proceso. Aunque ya no insistió en que se quedarán hasta que se acepte la totalidad de sus demandas.
Iza señaló que existe la opción de ratificar los puntos concedidos por el gobierno e invitó al Mandatario a que envíe a sus ministros para “simplemente ponerse de acuerdo” en los que quedaron inconclusos.
Pero también aceptó que puede haber temas en los que no haya acuerdos, para los cuales, planteó, “abrir procesos que permitan ir alimentando las ideas y puedan salir acuerdos”.
La Alianza de Derechos Humanos contaba, hasta el 25 de junio, 64 incidentes de violación de derechos que habían resultado en: 123 detenciones, seis desapariciones, 166 heridos y cinco civiles fallecidos en contexto de represión.
Hasta el 29 de junio, la Policía informó de 150 detenidos.
Fuente: Primicias.