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El Gobierno argentino oficializó este martes el decreto anunciado en la víspera por el presidente Mauricio Macri mediante el cual las Fuerzas Armadas (FFAA) pasarán a colaborar en las tareas de seguridad pública.

"Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas", establece el primer artículo del decreto, publicado este martes en el Boletín Oficial.

El texto, firmado por el presidente Macri, el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, señala que "el Ministerio de Defensa considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad".

Precisamente este punto, el de una posible intervención de los militares en las tareas de seguridad pública, ha generado críticas de parte de la oposición política, especialistas y organizaciones de derechos humanos.

"Las Fuerzas Armadas están para defender la soberanía de la Nación, no para ser auxiliares de las fuerzas de seguridad", escribió el excanciller Jorge Taiana (2005-2010) en su cuenta de la red social Twitter.

Además de los cuestionamientos al nuevo rol que tendrán las FFAA, hubo críticas a la decisión del Gobierno de realizar estos cambios por decreto, eludiendo una discusión en el Congreso.

Para el dirigente de la Unión Cívica Radical –partido aliado del Gobierno-, Raúl Alfonsín, quien sin embargo ha sido opositor del Ejecutivo y ha criticado a su propia agrupación política por no cuestionar algunas propuestas de la administración que preside Macri, la iniciativa debe ser debatida en el Congreso, "precedido de un debate amplio entre las fuerzas políticas y los especialistas públicos y privados".

"Llama la atención que pese a la sensibilidad del asunto, el gobierno actúe como si se tratara de algo que pude decidirse unilateralmente", expresó Alfonsín en su cuenta de Twitter.

Asimismo, algunos organismos de derechos humanos preparan una movilización para este jueves, según anunció la presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

"Los organismos de derechos humanos estamos preparando una actividad para el jueves; no podemos quedarnos quietos", dijo Carlotto a Radio La Imposible, según informó este medio vía Twitter.

Otros actores políticos se han referido además a las experiencias de la región, como Brasil y México, donde la utilización de las FFAA para colaborar en tareas de seguridad pública ha tenido nefastos resultados, aumentando la violencia y las muertes.

El decreto del Gobierno sostiene que "la necesidad de modificar la reglamentación existente de la Ley de la Defensa Nacional surge a las claras desde el mismo momento en que se observa que por un exceso reglamentario al momento de la determinación de los pormenores y detalles necesarios para la aplicación de la legislación existente, no resulta adecuado restringir las potencialidades para la Defensa Nacional".

Sin embargo, el texto agrega que "esto no implica clausurar los límites existentes entre los ámbitos adjudicados por el ordenamiento jurídico a la competencia de la Defensa Nacional y a la Seguridad Interior".

La medida anunciada por Macri modifica un decreto de 2006 por el cual se reglamentó la Ley de Defensa Nacional, del año 1988, acordada con un amplio consenso político y que limita el accionar de los militares a las agresiones de parte de otros estados. (Sputnik)

Last modified on 2018-07-24

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