El Gobierno de Argentina oficializó este martes mediante un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, que enfatiza el combate al terrorismo y al narcotráfico y establece la participación de los militares en tareas de seguridad pública.
Las bases de esta nueva política "determinan la visión y criterios que orientarán la organización, el funcionamiento, la planificación, el desarrollo de capacidades operacionales, el empleo y la administración de los recursos humanos y materiales, conforme las apreciaciones estratégicas de los escenarios global y regional en materia de defensa y su impacto en la seguridad estratégica de la República Argentina", expresa el documento, publicado en el portal del Boletín Oficial.
El texto sostiene que el Poder Ejecutivo estableció como "objetivos prioritarios" de su gestión la lucha contra el narcotráfico, la reducción de la pobreza y la "unión de los argentinos", destacando que si bien su cumplimiento está en manos de otras secretarías de Estado, "en virtud de su naturaleza, la envergadura de los mismos exige la colaboración de todas las áreas del Estado".
Asimismo, afirma que las operaciones "en apoyo" a la seguridad, a la "comunidad" y a la "política exterior" del Gobierno, previstas en la Ley de Seguridad Interior, de 1992, "constituyen una contribución del Instrumento Militar a la concreción de las mencionadas prioridades de gobierno".
El decreto agrega, no obstante, que esto no implicará una desatención de las "responsabilidades propias" del sistema de Defensa, como el resguardo de la soberanía y la independencia del país.
TERRORISMO
El documento firmado este martes por el presidente Macri recuerda los atentados contra la embajada de Israel en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, pero reconoce que actualmente la región "no representaría un escenario de alta prioridad para la proyección y acción directa de organizaciones terroristas".
Asimismo, sostiene que pese a esta situación, aún se mantienen activas en la región "organizaciones políticas que han apelado a este tipo de tácticas (terroristas) en el pasado".
El texto destaca el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno de Colombia y la ahora disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, pero advierte que la desmovilización de los guerrilleros "podría generar efectos adversos en la seguridad regional, en tanto impulsaría luchas entre grupos armados ligados al narcotráfico por el control del territorio y de las rutas de abastecimiento".
También hace mención al narcotráfico y el crimen organizado, y a cómo "la corrupción de los órganos de control gubernamental y las deficiencias de los sistemas de justicia penal" han contribuido a la "expansión" en la región del tráfico de drogas ilícitas.
Esto, prosigue el texto, ha obligado a una "revisión permanente" de las políticas estatales dirigidas a su combate.
ISLAS MALVINAS Y DESPLIEGUE EN FRONTERA
El decreto reitera el "reclamo de soberanía" sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y "sus espacios marítimos e insulares", y afirma que "la reciente mejora" en la relación con el Reino Unido "contribuye al logro de este objetivo nacional irrenunciable".
Según informó este martes el diario Página 12, el Gobierno enviará este miércoles unos 300 militares a la frontera norte del país, quienes se sumarán a las fuerzas de seguridad ya desplegadas en esa zona.
De acuerdo al periódico, el objetivo del Ejecutivo es tener unos 4.000 militares en la frontera norte para antes de fines de este año.
El decreto fue duramente criticado por organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, entre otras cosas porque el texto no pasó por el Congreso para su discusión.
Asimismo, legisladores opositores presentaron la semana pasada un proyecto de ley para derogar el decreto. (Sputnik)
Last modified on 2018-07-31