La Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz, denunció este martes que el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez intenta silenciarla para tapar violaciones de derechos humanos, agravando la "crisis política y social" del país.
"A este Gobierno transitorio le incomoda verse descubierto e interpelado por violaciones a derechos humanos que diariamente comete", dijo Cruz en conferencia de prensa en la cual rechazó un anuncio gubernamental de desconocimiento a la Defensora, quien está en el cargo interinamente desde enero de 2019.
La Defensora dijo que el desconocimiento anunciado no tenía sustento legal, aparte de la intención "evidente" de obstaculizar su trabajo, advirtiendo que los funcionarios que no atiendan requerimientos de la Defensoría serán interpelados en el parlamento, procesados penalmente y eventualmente destituidos.
Cruz fue designada con más de dos tercios de votos del parlamento controlado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), tras la renuncia del defensor titular David Tezanos Pinto, por un escándalo de violencia doméstica.
"La Defensoría del Pueblo es una institución a nivel mundial creada para fortalecer los estados de derecho y la democracia que los sostiene, en contraposición a los gobierno de facto. Un desconocimiento a la institucionalidad podría profundizar la crisis política y social que a la fecha vive el país", afirmó la autoridad.
Señaló que el intento de Áñez de "silenciar" a la Defensoría no era una acción aislada sino un proceso puesto en marcha desde la instalación de su Gobierno tras el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019, con acciones que incluían frecuentes denuncias oficiales de que la Defensora servía a los intereses del MAS.
"La Defensoría continuará su trabajo en el marco constitucional y legal que regula nuestro accionar", añadió la funcionaria que en los últimos meses ha criticado duramente acciones gubernamentales ante la pandemia de covid-19, en especial la falta de planes en favor de los más pobres.
Cruz denunció también como violación de derechos humanos al cierre de fronteras aplicado por el Gobierno, que afectó especialmente a trabajadores bolivianos que emigran temporalmente a países vecinos y resultaron impedidos de retornar a sus hogares tras el estallido de la crisis sanitaria. (Sputnik)