El Gobierno de México renegocia contratos por unos 80.000 millones de dólares con poderosas firmas mexicanas, de EEUU y Canadá, para lograr la devolución de unos 3.000 millones de dólares en tarifas ya pagadas por la construcción y operación de gasoductos, y evitar así un arbitraje internacional, informó este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El jefe del Ejecutivo designó a su secretario particular, Alejandro Esquer, y al titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, como sus representantes para renegociar los contratos de operación, que considera "leoninos" (que otorga beneficios solo a una de las partes), para lograr la multimillonaria devolución de los pagos ya realizados por el uso de esa infraestructura de esas firmas.
"Hay contratos por 80.000 millones de dólares, y si se aceptan como están originalmente suscritos, implicaría pagar tarifas muy altas", explicó el mandatario en conferencia de prensa.
Las empresas pidieron la intermediación de los dos principales gremios empresariales del país para evitar esas devoluciones, porque sostienen que los pagos realizados por la firma estatal, que utiliza el gas para producir electricidad, estuvieron apegados a los contratos.
"No puedo decir que si no pagan (devuelven) 3.000 millones de dólares no hay acuerdo, porque no lo sabemos, puede ser hasta sea más o es menos, para eso es la mesa, el diálogo, para cotejar precios", puntualizó el jefe de Estado.
La CFE demanda multimillonarias devoluciones a las empresas que operan cinco de los siete gasoductos del país, y las negociaciones tratan de evitar un proceso de arbitraje internacional.
"Ese gas se utilizaría para generación de energía eléctrica, implicaría aumentar los costos de las tarifas", advirtió López Obrador.
El mandatario ha reiterado que los contratos son injustos porque obligan a la CFE a pagar el servicio aunque no estén en operación.
El embajador de Canadá, Pierre Alarie, expresó en su cuenta de Twitter que "México no desea respetar los contratos de gasoductos".
El suministro de gas procede en gran medida de Texas, sur de EEUU, porque el país petrolero latinoamericano es deficitario en ese energético y depende de esas importaciones.
Las empresas que aceptaron negociar son: IEnova, filial nacional de Sempra Energy, con sede en San Diego, California, EEUU; TC Energy, con sede en Calgary, Canadá.
También negocian las mexicanas Fermaca, en la que el fondo suizo Partners Group tiene la mayoría accionaria; y Carso Energy, propiedad de Carlos Slim, el mayor magnate mexicano.
Las empresas del sector energético pidieron la mediación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar, y el titular del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle.
El CCE sostiene que solo el gasoducto que va de Texas al puerto de Tuxpan, estado Veracruz, en la costa del Golfo de México (este) incrementará el suministro de gas en 40 por ciento
"El gas es un energético más barato para producir electricidad y para las industrias", argumentan los empresarios.
López Obrador respondió a periodistas que la negociación "es entre dos partes, quiero que se demuestre que se tiene razón, más que imponer, convencer, a nadie le conviene quedar como prepotente, abusivo y mucho menos como corrupto".
Las empresas afirman que la corporación eléctrica estatal les reclama la devolución de los siguientes montos: 899 millones de dólares a IEnova y TC Energy, por el Gasoducto Marino Sur que proviene de Texas al puerto industrial de Tuxpan, concluido el 11 de junio pasado.
A IEnova le pide devolver 842 millones de dólares por el gasoducto Guaymas-El Oro (norte).
A TransCanada y Fermaca el Gobierno les reclama 848 milllones de dólares por el gasoducto Tula-Villa de Reyes-Aguascalientes (centro-oeste); y la mexicana Carso Energy 403 por el gasoducto que Samalayuca-Sásabe, que corre a lo largo de la frontera norte. (Sputnik)
Gobierno de México renegocia contratos con operadoras
- 2019-07-03
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