Al día siguiente de las elecciones el Gobierno remitió a la Asamblea Nacional la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf), que es uno de los compromisos adquiridos con el FMI.
La reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf) es parte de las metas estructurales del acuerdo entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Gobierno remitió a la Asamblea Nacional, la tarde del 8 de febrero de 2021, el proyecto de Ley para la defensa de la dolarización, que reforma el Comyf, que tendrá carácter económico urgente.
Eso significa que la Asamblea tendrá 30 días para aprobar, o desechar el proyecto de ley.
Uno de los objetivos del proyecto de ley es dotar de autonomía técnica al Banco Central del Ecuador (BCE), para “evitar manejos políticos e irresponsables que busquen utilizar las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado”, según un comunicado remitido por el Ministerio de Finanzas.
Según esa cartera de Estado, el proyecto de ley protegerá los recursos del sector público, y sobre todo los recursos de los ciudadanos, que se encuentran depositados en el BCE.
Según el proyecto de ley, las funciones del Banco Centralse centrarán en tres objetivos principales:
- Formular e implementar la política monetaria.
- Proteger la estabilidad financiera.
- Elaborar la programación macroeconómica.
La propuesta busca que el directorio del BCE esté conformado por “cinco miembros sin conflictos de interés”. Los candidatos serán propuestos por el Presidente de la República y la Asamblea Nacional será quien se encargue de nombrarlos.
Además, según Finanzas, con el proyecto se recuperarán los cuatro sistemas del balance del Banco Central, que permitan garantizar que las reservas internacionales respalden los depósitos realizados en el BCE. La ley cambia la denominación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera a Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF).
En la propuesta del Ejecutivo, la nueva junta será “un órgano independiente, encargado de emitir el marco regulatorio prudencial, al que deben sujetarse las entidades financieras, de valores y seguros, así como de formular políticas y expedir regulaciones que fomenten la inclusión financiera”.
Al igual que el directorio del Banco Central, los cinco integrantes de la nueva junta serán nominados por el Presidente y nombrados por el pleno de la Asamblea.
La aprobación de esta reforma le permitiría al país recibir otros $ 400 millones en mayo de 2021, como parte del programa de crédito de $ 6.500 millones con el FMI, que fue suscrito a inicios de octubre de 2020 y que se extiende hasta 2022. Fuente: Primicias
Last modified on 2021-02-09