La acción de protección se presentó el 3 de abril de 2023. Wilman Terán, como representante de la Función Judicial, interpuso la garantía jurisdiccional en contra del presidente Guillermo Lasso; el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, y el procurador Juan Carlos Larrea. El objetivo es “exigir la asignación del presupuesto suficiente”. En el ejercicio fiscal de 2022 la Judicatura recibió $ 370 millones, y en 2023 la asignación es de $ 317 millones. Es decir, hubo una reducción de un poco más de $ 50 millones. Según la Judicatura, la Función Judicial arrastra un déficit presupuestario de más de $ 265,6 millones. La cartera de Finanzas explica que, al 31 de marzo, la Judicatura solo había ejecutado el 2% de lo asignado para inversiones.
Fuente: Primicias.
Last modified on 2023-04-04