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La justicia ecuatoriana revisa este lunes las medidas cautelares contra el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y decidirá si mantiene la prisión preventiva en su contra por la supuesta vinculación con el secuestro del político opositor Fernando Balda en 2012.

"La orden de prisión fue atropellada, fue arbitraria, desproporcionada, fue ilegal, está contraria a los derechos humanos", señaló el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, a su llegada a la audiencia de apelación que tiene lugar en la Corte Nacional de Justicia, en Quito.

Allí explicó que espera que la orden de prisión dictada por la jueza Daniella Camacho el pasado 3 de julio sea revocada y cambiada por una menos drástica.

Los jueces Marco Rodríguez, Richard Villagómez e Iván Saquicela serán quienes decidan si suavizan la medida cautelar contra Correa, que le fue impuesta luego de incumplir la primera orden que se dictaminó de presentarse ante la justicia ecuatoriana cada 15 días.

Correa alegó que, debido a que desde hace un año reside en Bélgica, le era "imposible" cumplir lo determinado por Camacho, y que más bien la intención de una medida de ese tipo era provocar su inobservancia para justificar así la prisión preventiva y dar paso a una "persecución política" en su contra.

Para el 31 de julio, en cambio, está previsto que se realice la audiencia preparatoria a juicio, donde se determinará si Correa y cinco involucrados más serán o no procesados por el rapto de Balda.

La justicia nacional vinculó al exjefe de Estado luego de que exfuncionarios señalaran en sus versiones que la orden de ejecutar el secuestro vino desde Carondelet (palacio de Gobierno) y del propio expresidente.

El secuestro de Fernando Balda ocurrió el 13 de agosto de 2012 en Bogotá, cuando cinco personas lo interceptaron y lo embarcaron a la fuerza en un automóvil, que horas más tarde fue detenido por la Policía Antisecuestros de Colombia.

El exlegislador opositor se refugiaba en ese momento en territorio colombiano después de que la justicia de Ecuador emitiera contra él una orden de prisión por atentar contra la seguridad interna del Estado luego de que denunciara que en el Gobierno de Correa se ejecutaban acciones de espionaje en contra de opositores y periodistas. (Sputnik)

Last modified on 2018-07-23

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