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El expresidente boliviano Evo Morales puede ser enjuiciado en La Haya tanto por supuestos delitos de lesa humanidad cometidos durante sus tres mandatos sucesivos como por la ola de protestas que siguió a su caída en noviembre, dijo este martes el senador Óscar Ortiz, hombre fuerte del Gobierno de facto.



"Ahora que Evo Morales no tiene el cargo de la presidencia para protegerse a nivel internacional, seguramente va a tener que enfrentar una serie de procesos", afirmó Ortiz, jefe político de la presidenta de facto Jeanine Áñez, la autoproclamada gobernante transitoria tras la renuncia forzada de Morales.

El líder indígena dimitió hace justo un mes, el 10 de noviembre, al cabo de tres semanas de crisis política, y está exiliado en México, desde donde ha continuado ejerciendo como líder de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), y de los sindicatos cocaleros que participaron en las protestas contra Áñez.

Ortiz hizo la declaración a reporteros al saludar el anuncio hecho el día anterior por el bufete de abogados de Alfonso M. Dorado de París, de que la fiscalía de la Corte Penal Internacional CPI, con sede en La Haya, Holanda, comunicó la recepción de una demanda contra Morales por crímenes de lesa humanidad.

Aunque la fiscalía de la CPI anota en su comunicación al bufete que la recepción de la demanda "no significa que se ha abierto ni que será abierta una investigación por la oficina del fiscal", pues esto será decidido en el futuro, el senador Ortiz pareció dar por seguro que el proceso contra Morales seguirá adelante.

"Seguramente va a haber muchos ciudadanos que se han sentido afectados en años anteriores, algunos de ellos ya habían interpuesto demandas por violaciones a derechos humanos" durante los gobiernos de Morales, dijo el parlamentario y excandidato presidencial.

Apuntó que el exgobernante enfrentaría en La Haya acusaciones por "ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violaciones de derechos fundamentales, por ejemplo la libertad de prensa, o por la manipulación de la justicia, y lo que viene últimamente, todo el fraude que se hizo" en las elecciones del 20 de octubre.

La crisis que forzó la salida de Morales se desarrolló a partir de protestas contra su reelección el 20 de octubre, que fue denunciada como fraudulenta por la oposición conservadora.

Una auditoría solicitada por el mismo Morales a la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó la semana pasada con la identificación de algunas irregularidades pero no aportó pruebas sobre el supuesto fraude.

Sin embargo, ese informe de la OEA es considerado por el Gobierno de facto como demostración del fraude denunciado e inclusive es utilizado por la fiscalía local como uno de los sustentos de su acusación contra las autoridades del Tribunal Supremo Electoral que dirigieron esos comicios.

Más de un centenar de académicos destacados de decenas de países denunciaron debilidades metodológicas en el informe de la OEA y aseguraron que no provee argumentos suficientes para desconocer la victoria de Morales en las elecciones de octubre, que han sido anuladas. (Sputnik)

Last modified on 2019-12-10

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