Acaba de cumplir dos años de estar en vigencia, pero la ley que busca impulsar y oficializar una relación entre el Estado y la empresa privada aún no llega a consumarse. Los contratos suscritos de forma conjunta y las áreas donde algunos proyectos se desarrollan se cuentan con los dedos. La falta de promoción y ciertas restricciones que se establecen en la norma no facilitan el camino para el arribo de nuevas inversiones. Pese a los incentivos, sus principales resultados se circunscriben a la firma de contratos para operar y construir 3 terminales portuarias, una autopista y proyectos urbanísticos, la mayoría de ellos aún a la espera de un inversor. Fuente: Expreso, 14 de enero.
Last modified on 2018-01-15
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