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El encierro total ordenado por el presidente Nayib Bukele para la red penitenciaria de El Salvador viola los derechos humanos de los presos, y recae en errores de gobiernos anteriores en la lucha contra el crimen, aseguró a Sputnik la abogada Laura Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, siglas en inglés).

"Numerosos convenios internacionales y estándares estipulan que las personas tienen derecho a la movilidad: restringirla en estos encierros deja secuelas a nivel psicológico y provoca en las personas más ansiedad, violencia (y) enfermedades", advirtió la especialista.

Los pandilleros presos en los 28 centros penitenciarios de esta nación centroamericana llevan casi tres semanas sin salir de celdas donde permanecen hacinados, pues Bukele ha prorrogado el estado de emergencia en las prisiones como medida de presión para que cesen los asesinatos, las extorsiones y la inseguridad en las calles.

"El Gobierno que prometió en campaña estrategias innovadoras repite errores pasados, e incurre en un discurso populista, más centrado en ganar adeptos y generar impacto mediático que en solucionar de manera permanente la crisis del sistema penitenciario y la seguridad pública en El Salvador", insistió la oficial de DPLF, fundación que promueve el Estado de Derecho en América Latina.

Arteaga descartó que tal encierro tenga algún efecto real en el control de los presos, y negó que la seguridad pública de quienes estén fuera de prisión pueda negociarse con la violación de los derechos de quienes están dentro.

No obstante, el presidente Bukele negó que la medida esté violentando los derechos de las personas privadas de libertad.

"Nadie está negando los derechos humanos de los delincuentes, pero hay gente que se olvida de los derechos humanos de los demás", se justificó el mandatario en rueda de prensa junto a su Consejo de Seguridad. (Sputnik)

Last modified on 2019-07-12

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