Oficina de DDHH de la ONU llama a las autoridades de Nicaragua a poner fin a la violencia

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) urgió este jueves a las autoridades nicaragüenses a adoptar medidas para poner fin a la violencia contra los manifestantes y garantizar justicia a las víctimas.

"Pido al Gobierno que cese la violencia estatal y desmantele a los elementos armados progubernamentales, quienes de forma creciente han sido responsables de la represión y los ataques; aquellos que han instigado o permitido que estos elementos armados actúen también deben rendir cuentas ante la justicia", dijo el alto comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, en un comunicado.

ACNUDH recuerda que las manifestaciones, que comenzaron a mediados de abril, se dirigieron en un principio contra las reformas del sistema de pensiones, pero "posteriormente desembocaron en protestas generales contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega".

"La violencia y la represión observadas en Nicaragua desde que comenzaron las protestas en abril son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de derecho", subrayó el alto comisionado.

El organismo especializado de la ONU relata que envió a un equipo de expertos a Nicaragua, que estuvieron del 26 de junio al 3 de julio, invitados por el Gobierno, "para realizar un monitoreo de los derechos humanos y apoyar el trabajo de la Comisión de Verificación y Seguridad".

Según el comunicado, la misión constató que el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, observado al comienzo de la crisis, disminuyó después de que los policías perdieran muchas de sus funciones.

"Sin embargo, la violencia por parte de los elementos armados progubernamentales ha seguido intensificándose (...) hay señales alarmantes de represión selectiva e intimidación contra manifestantes y sus familias, estudiantes, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la Iglesia Católica, entre otros", dice el texto.

Añade que el equipo de ACNUDH recibió denuncias de que "la presencia de individuos armados en las calles, además de elementos armados progubernamentales, habría contribuido a la existencia de un clima de intimidación e inseguridad", así como a las denuncias de los partidarios del Gobierno "indicando que habían sufrido ataques y amenazas de linchamientos".

"Hay que garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; exhorto al Estado a garantizar la realización de investigaciones efectivas, independientes, imparciales y rápidas para establecer la verdad y asegurar la rendición de cuentas por las violaciones y abusos cometidos desde abril", expresó el jefe de ACNUDH.

Entre el 19 de abril y el 2 de julio fallecieron 309 personas por enfrentamientos entre la policía, oficialistas y manifestantes opositores, según un informe de la organización no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.

Por su parte, basándose en la "información recibida de varias fuentes", estima el balance de las protestas en Nicaragua en alrededor de 250 muertos y miles de heridos.

"Fuentes del Gobierno señalan que 12 agentes de policía también fallecieron; asimismo, más de 700 personas habrían sido detenidas arbitrariamente, y algunas de ellas presuntamente sometidas a malos tratos, también se han reportado casos de desapariciones", agrega el organismo. (Sputnik)