ONU y OEA piden a América Latina no criminalizar migración venezolana

Los Estados del continente americano no deben criminalizar la emigración venezolana, indica una declaración conjunta emitida este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y órganos y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las organizaciones y expertos firmantes piden "no criminalizar la migración absteniéndose de medidas tales como cierre de fronteras, penalización por ingreso o presencia irregular, la necesidad de presentar un pasaporte, la detención migratoria, las deportaciones arbitrarias, discursos de odio y la criminalización de aquellos que brindan ayuda y asistencia humanitaria", indica el punto 12 de la declaración que contiene 17 medidas.

La medida número seis recuerda la obligación de los Estados de respetar los principios esenciales del estatuto del refugio.

"Respetar el principio y derecho a la no devolución (non-refoulement) a territorio venezolano, incluyendo la prohibición de rechazo en frontera y expulsiones colectivas", dice.

Para junio pasado se estimaba que 2,3 millones de venezolanos habían salido de su país para dirigirse principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile, de acuerdo con cifras de las Naciones Unidas.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnur), por su parte, registró hasta el 1 de agosto 299.016 solicitantes de asilo y otras 585.996 personas procedentes de Venezuela que optaron por otras alternativas de regularización.

Debido al aumento de la llegada de inmigrantes venezolanos, Ecuador comenzó a exigir pasaportes desde el 18 de agosto pasado a las personas de esa nacionalidad y otro tanto hizo Perú desde el 25 de este mes.

Además en una zona fronteriza de Brasil con Venezuela se produjo un incidente xenófobo violento contra los venezolanos que estaban instalados en un campamento de refugiados.

El documento está firmado por la CIDH y por el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Comité sobre los Derechos del Niño, la Oficina Regional para América del Sur del Acnur y el relator especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González, todos de la ONU.

Los órganos y expertos especializados piden a los Estados que garanticen "el reconocimiento de la condición de refugiado a las personas venezolanas con temor fundado de persecución en caso de retorno a Venezuela, o que consideran que su vida, integridad o libertad personal estarían amenazadas debido a la situación de violencia, violaciones masivas de derechos humanos y perturbaciones graves del orden público".

La declaración también solicita "expandir canales regulares, seguros, accesibles y asequibles de la migración a través de la progresiva expansión de la liberalización de visas".

Asimismo, entienden que para prevenir la discriminación y la xenofobia contra los migrantes venezolanos, los Estados deben implementar medidas como campañas educativas y de sensibilización.

Los firmantes "reconocen como un avance para el desarrollo de una respuesta regional la reciente la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la Región, adoptada en Quito el 4 de septiembre de 2018", dicen respecto a un documento emitido el martes por autoridades de 11 países.

El 18 de agosto pasado un grupo de vecinos de la localidad brasileña de Paracaima (norte) quemó las tiendas de campaña y pertenencias de decenas de venezolanos por lo que alrededor de 1.200 inmigrantes se vieron obligados a volver a su país.

El brote de xenofobia, posterior al supuesto robo sufrido por un comerciante brasileño, provocó una reunión de emergencia del Gobierno brasileño y la queja de la cancillería de Venezuela, que pidió protección para sus ciudadanos. (Sputnik)