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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó este martes un decreto que flexibiliza las reglas para que los ciudadanos puedan tener armas en sus hogares.

"El ciudadano de bien podrá tener paz dentro de casa", aseguró el mandatario poco después de firmar el decreto en el Palacio del Planalto (sede del Gobierno) acompañado de varios ministros y de parlamentarios de la llamada "bancada de la bala", que representan los intereses de la industria de las armas.

El líder ultraderechista aseguró que con el decreto se "restablece el derecho" definido por las urnas en 2005, en referencia al referéndum del Estatuto del Desarmamento, en que los brasileños optaron por no prohibir la comercialización de armas en el país.

"El pueblo decidió comprar armas y municiones; no podemos negar lo que el pueblo quiso en ese momento", dijo Bolsonaro, quien remarcó que "desgraciadamente" el gobierno de la época (que presidía Luiz Inácio Lula da Silva) buscó maneras por fuera del marco legal para negar ese derecho.

La tenencia de armas da autorización a mantener un arma de fuego en casa o en el lugar de trabajo, siempre que el dueño del arma sea el responsable legal del establecimiento.

Para salir a la calle con ese arma hay que tener derecho al porte de armas, que exige reglas más rigurosas y cuya flexibilización (que Bolsonaro también pretende sacar adelante) depende de la aprobación del Congreso Nacional.

La principal novedad del decreto, que cambia la ley vigente desde 2004, es que elimina el requisito de explicar ante la Policía Federal la "necesidad efectiva" de tener un arma.

Según Bolsonaro, ese requisito era demasiado subjetivo y hacía que muchas de las solicitudes para comprar un arma fueran rechazadas.

Con los nuevos cambios, los brasileños podrán comprar hasta cuatro armas por persona, y el plazo de validez del registro se ampliará automáticamente de cinco a diez años.

De esta manera, prácticamente todos los ciudadanos podrán comprar armas, porque la nueva normativa da permiso a "residentes en área rural" y "residentes en áreas urbanas con elevados índices de violencia".

El Gobierno pone como argumento un índice de 10 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, algo que en la práctica abarca a casi todos los municipios del país, donde la tasa media es tres veces mayor.

El decreto define que las casas donde vivan "niños, adolescentes y personas con deficiencia" deben tener una caja fuerte, aunque bastará una declaración del interesado diciendo que se cuenta con ese compartimento seguro para el arma. (Sputnik)
 

Last modified on 2019-01-15

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