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El martes se realizaba en Montevideo la primera marcha contra la trata de personas convocada por organizaciones de la sociedad civil con el fin de correr el velo sobre un delito del que casi no se habla, dijo a Sputnik la integrante del grupo "Hacer visible lo invisible", Tatiana Oviedo.

"La marcha de hoy es importante porque se realiza para visibilizar esta problemática, entendemos que por parte del Estado no hay acciones suficientes para hablar sobre esto y visibilizar este problema, entonces que se haga la primera marcha refleja un problema que no le es ajeno a Uruguay, es importante que la sociedad se organice", dijo Oviedo.

El grupo Encuentro de Feministas Diversas (EFD) contabiliza 32 mujeres desaparecidas en este país en lo que va del año, ante la ausencia de cifras del Ministerio del Interior.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define este delito como "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción (…) con fines de explotación".

Esa explotación puede ser "la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos".

La mayoría de las víctimas de explotación sexual y el 35 por ciento de las víctimas de trabajo forzado son mujeres, según la ONU.

Al conmemorarse el Día Internacional Contra la Trata de Personas, la marcha recorría un tramo del centro de la capital desde la Plaza Cagancha a las 18:00 hora local (21:00 GMT) convocada por la Fundación Sandra Ferrini.

“Hacer visible lo invisible” es un grupo de seis estudiantes de comunicación que se dedica a talleres de concientización y de prevención en centros educativos públicos de nivel secundario.

Eligieron trabajar con personas jóvenes y adolescentes porque las víctimas de trata tienen mayoritariamente entre 18 y 35 años.

Uruguay es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de la trata.

“La sociedad en su conjunto ubica el problema como algo externo: ‘esto no me va a pasar a mí, no se encuentra dentro de mi círculo cercano ni dentro de mi círculo social y muchísimo menos dentro de mi círculo familiar’”, dijo.

Por eso se lo ve como “algo ajeno, que le ocurre a sectores de la sociedad sobre todo vinculados a la pobreza extrema o a la exclusión social”, señaló.

Además, hay una tendencia a librar de responsabilidad a los perpetradores y a “revictimizar a las víctimas diciendo que ellas tienen la culpa de lo que les está pasando, cuando una chiquilina desaparece, por ejemplo. Es algo muy común, que forma parte de una cultura machista”, expresó.

En cuanto a las instituciones públicas, Oviedo ve falta de interés “en sistematizar datos, en atender a las víctimas y en aplicar una ley que, si bien se creó en 2018, no tiene un presupuesto para aplicarla”.

“Hay zonas de Uruguay en las que hay denuncias que son de conocimiento público de determinadas instituciones del Estado que están involucradas y que hacen la vista gorda como si esto no pasara”, denunció.

“Hacer visible lo invisible” realiza talleres en liceos de la periferia de la capital o que forman parte de un contexto crítico.

Son las propias instituciones las que convocan a concurrir a los centros cuando sospechan que hay un posible caso de trata o con el fin de que los adolescentes comprendan que se encuentran en una situación de riesgo.

“Nosotras atacamos una necesidad que los profesores nos plantean, surgimos con ese fin: concientización y prevención con grupos de riesgo vulnerables”, sostuvo Oviedo.

VÍCTIMAS

Las redes de trata funcionan bajo dos modalidades en Uruguay: en el plano interno, donde las víctimas son uruguayas explotadas dentro del territorio nacional, especialmente en la frontera con Brasil, y los esquemas trasnacionales o internacionales.

“Hay un aumento considerable de mujeres (explotadas) que provienen de América Central, República Dominicana, Cuba, El Salvador, Venezuela”, dijo Oviedo.

En cuanto a la sistematización de datos, “en Uruguay no funciona para nada”, dijo Oviedo.

“¿Cómo puede ser que el Ministerio del Interior no tenga un registro de esto o que el que tiene no esté actualizado o adaptado a lo que está pasando”, cuestionó.

El proyecto Desaparecidas de EFD nació como respuesta a esta falta de datos oficiales sobre trata en Uruguay.

En lo que va de este año desaparecieron 32 mujeres en Uruguay, según el EFD.

Esta iniciativa “hace un seguimiento permanente de las mujeres y niñas que desaparecen en Uruguay. Según nuestros datos, en los últimos cinco años han desaparecido 71 mujeres, de las cuales 34 por ciento son niñas de entre 13 y 18 años”, dice el sitio web de la organización.

“La trata de mujeres y niñas es una de las manifestaciones más agudas de la violencia de género, se encuentra asentada en las desigualdades estructurales que el patriarcado, en alianza con el mercado capitalista, produce y reproduce”, señala el colectivo en un comunicado.

Las “cifras nos preocupan y nos interpelan profundamente: cada año son más las mujeres que desaparecen”, alerta el colectivo.

El EFD acusa al Estado de complicidad responsabilidad, por la ausencia de presupuesto para cumplir las leyes, así como la inexistente capacitación a agentes policiales, fiscales y jueces y la nula creación de fiscalías especializadas.

El 72 por ciento de las víctimas de trata detectadas en 2018 eran mujeres o niñas; el 59 por ciento fueron explotadas sexualmente, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Entre 2014 y 2016 se detectaron 24.000 casos.

La ONU contabilizó desde 2003 alrededor de 225.000 víctimas de trata en todo el mundo. (Sputnik)

Last modified on 2019-07-31

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