Finalmente, la ONU presentó su informe sobre lo ocurrido durante las manifestaciones de octubre. En las conclusiones centrales, el organismo determinó que existió un número de detenciones “presuntamente arbitrarias” y señala además que durante toda la crisis “se realizaron arrestos masivos y, en varios casos, se efectuaron sin pruebas concretas contra los detenidos”.
Estas conclusiones ponen al Gobierno frente a un escenario que debe resolver, aunque encontrar la forma para hacerlo es complejo. Las primeras declaraciones del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, al respecto lo dejan ver. Jarrín mantuvo una férrea defensa a los uniformados criticando que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya calificado como “innecesario” el accionar de la fuerza pública. De su lado, el canciller José Valencia respondió oficialmente que el organismo no está reflejando la real dimensión del contexto de violencia y su impacto social.
Sin embargo, el informe de la ONU también le da al Ejecutivo una oportunidad para actuar de forma distinta que su predecesor quien, en repetidas ocasiones, desestimó los estudios o reportes sobre derechos humanos durante su administración.
Sobre las correcciones inmediatas, el presidente Lenín Moreno podría considerar lo sugerido por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de “promover una estrategia de participación de todos los ecuatorianos en los asuntos públicos” y velar “porque esta sea implementada”.
A decir de Bachelet, dicha estrategia de participación debería extenderse a las propuestas sobre medidas económicas y fiscales -incluidas las medidas de austeridad- y especialmente con relación a los grupos de población que puedan verse más afectados, algo que al menos en el corto tiempo no sucederá, pues ahora mismo se votará la Ley de Simplificación Tributaria.
Las sugerencias llegan en un momento harto difícil para el Gobierno, sobre todo porque la relación con las bases indígenas se encuentra empantanada. Las tensiones con ese movimiento, lejos de disminuir, se han recrudecido. Esto ha detenido además las reformas económicas, especialmente la que tenía que ser el reemplazo del Decreto 883 sobre la focalización de los combustibles.
Pero lo que más preocupa de las investigaciones es que el equipo de la ONU recibió informes procedentes de víctimas y testigos que indican que la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas y a los criterios internacionales, entre otros aspectos por el empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza.
La tarea que le queda al Ecuador, en caso de tomarse en serio lo planteado por la ONU, es larga. Pero no solo eso, requiere de una férrea voluntad política que se ha mostrado casi inexistente en el Ejecutivo, que hoy está más preocupado por sacar a flote la economía, otra tarea que -frente a las pocas opciones que tenía- le quedó grande.
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Last modified on 2019-12-09