La pobreza azota al país, dejando a más de 5,7 millones de personas que no pueden satisfacer sus necesidades mínimas de subsistencia. Este fenómeno muestra un severo deterioro de la estructura socioeconómica del país, que solo se agravó con la pandemia. Las condiciones empeoran en el área rural, donde casi 50% de las personas es pobre. No obstante, según expertos, esta cifra podría ser mucho más alta, dados los elementos difíciles de cuantificar durante la crisis sanitaria.
En los últimos años, las tensiones sociales y desigualdades se han profundizado. La insuficiencia de recursos monetarios para alcanzar un nivel de bienestar es una de las maneras más preocupantes en que se manifiestan esas diferencias sociales. La pobreza estanca al país en términos de desarrollo.
En 2020, la pandemia profundizó la pobreza y pobreza extrema. Después de un año y medio de iniciada la crisis sanitaria, todavía existe una elevada incertidumbre y una fuerte preocupación por el impacto social que el covid-19 ha dejado. Se estima que la crisis representará un doble impacto en la sociedad ya que, además de la disminución de los ingresos de los hogares, se incrementará la desigualdad.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) publicó los resultados de pobreza y desigualdad del mes de junio de 2021, que se obtienen a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Para ello, el cálculo usa como base una actualización de la línea de pobreza, la cual toma en cuenta el consumo básico de las familias a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Todos aquellos que perciban un ingreso per cápita por debajo del umbral se consideran pobres.
LA POBREZA SE DISPARA, EL PAÍS RETROCEDE MÁS DE 10 AÑOS
Al cierre del primer semestre del 2021, los indicadores socioeconómicos de la pobreza y pobreza extrema se encuentran en números rojos. A junio del 2021, se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un ingreso familiar per cápita menor a $ 84,71 mensuales ($ 2,80 al día) y pobre extremo si percibe menos de $ 47,74 ($ 1,60 al día).
Según el INEC, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 32,2% y la pobreza extrema en 14,7%. Esto implica un total de 5,7 millones de ecuatorianos que viven actualmente en condición de carencia, de los cuales, alrededor de 2,6 millones de personas viven con menos de dos dólares diarios. Estos niveles de insuficiencia de ingresos superan con creces los de junio del 2019 (la ENEMDU excluyó del análisis a junio 2020, ya que fue interrumpida la operación estadística por la crisis).
Es evidente que el Ecuador ha entrado en un retroceso socioeconómico de más de 10 años en términos de superación de pobreza. Los niveles alcanzados al cierre del primer semestre del 2021 se asemejan peligrosamente a los obtenidos en diciembre del 2010, cuando el país presentó 32,8% de pobreza. Esto implica una pérdida de los avances obtenidos en la última década, cuando el nivel más bajo de pobreza se registró en 2017 (21,5%) (Gráfico 1).
Lo mismo con la pobreza extrema, dado que el nivel de junio 2021 (14,7%) es similar al de diciembre de 2009 (15,4%), que, de hecho, es la misma tasa de pobreza registrada en 2020 (Gráfico 1).
Gráfico 1
Pobreza y pobreza extrema nacionales
Se muestran tendencias similares a nivel regional. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mostró que, a lo largo del 2020, Latinoamérica registró niveles de pobreza y pobreza extrema que no se habían observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente.
Según el reporte, a nivel regional la tasa de pobreza fue de 33,7%. Esto implica que más de 22 millones de personas pasaron a estar en esta situación al cierre del 2020, en comparación con el 2019, acumulando un total de 209 millones de latinoamericanos pobres.
De este total, 78 millones de personas se encontraban en pobreza extrema, 8 millones más que en 2019. Esta cifra enciende alarmas de alerta, ya que representa un retroceso de más de 20 años, debido a que es el dato más alto de pobreza extrema en lo que va el siglo XXI. Para el 2020, el 12,5% de la población vivió en esta situación de carencia extrema, una tasa que solo se ve superada por la de 1999, cuando ascendió a 12,8%.
De igual manera, los niveles de desigualdad no se quedan atrás. Para medir las brechas de disparidad en la sociedad, se utiliza el Índice de Gini, el cual calcula el grado de desigualdad en la distribución del ingreso. Puede tener valores entre cero (igualdad perfecta) y uno (ausencia de igualdad). A junio 2021, el coeficiente de Gini a nivel nacional fue de 0,493, lo que implica un incremento de 0,015 con respecto al mismo mes del 2019 (Gráfico 2).
Gráfico 2
Coeficiente de Gini nacional
Aunque la senda de desigualdad se ha mantenido con una tendencia sostenida, se muestra que la pandemia significó un regreso a los niveles de disparidad de 2010, a solo 0,07 puntos de presentar las tasas de inicio de la década (0,505).
Esto verifica cómo la crisis profundizó las desigualdades ya existentes, donde los grupos vulnerables han tenido que buscar su supervivencia en un ambiente de alta mortalidad, a la par de que se han visto obligados a enfrentarse a las dramáticas consecuencias económicas, con una clara desventaja frente a los estratos sociales más altos.
Para este 2021, aunque la CEPAL menciona que se está marcando el camino hacia la recuperación, la tendencia a la baja no se va a revertir si no se efectúan cambios estructurales en los modelos económicos. De momento, aunque se tengan proyecciones de que Latinoamérica culmine el año creciendo 5,3%, no se alcanzará a cubrir la contracción de 6,8% de 2020. De acuerdo con la CEPAL, a finales del 2022, apenas 14 de 33 países habrán recuperado los niveles del Producto Interno Bruto (PIB) de 2019.
LAS ZONAS RURALES SON MÁS AFECTADAS; HAY UN AGUJERO NEGRO EN LA INFORMACIÓN
Al efectuar un estudio desagregado entre las zonas urbanas y rurales, el INEC obtuvo que en el área urbana la pobreza alcanzó 24,2% y la pobreza extrema 8,4% (Gráfico 3). No obstante, en el área rural las cifras se profundizan enormemente, dado que la pobreza llegó a 49,2% y la pobreza extrema a 28% (Gráfico 4). Esto implica que casi la mitad de las personas que habitan allí viven con lo justo, con $ 2,80 diarios para satisfacer sus necesidades y las de sus familias.
Gráfico 3
Pobreza y pobreza extrema urbanas
Gráfico 4
Pobreza y pobreza extrema rurales
Y aunque estas cifras de por sí ya son alarmantes, Pablo Samaniego, docente de Desarrollo y Planificación, y Pensamiento Económico de la Facultad de Economía de la PUCE, cree que estos datos deberían ser mayores. De acuerdo con el experto, a pesar de que ahora se tengan cifras más robustas y con mayor comparabilidad por el reajuste de la metodología del INEC, “en la mitad de la pandemia no se tuvo mediciones adecuadas, por lo que los porcentajes reales de pobreza son mucho más altos”, dice a GESTIÓN.
El experto señala que es necesario entender el intermedio de la pandemia y todos sus procesos para tener un panorama más amplio de las afectaciones de la crisis sanitaria sobre los grupos más vulnerables, y para dar pautas hacia la reactivación y las mejoras en los niveles de bienestar.
Samaniego concuerda con que la pandemia trajo consecuencias casi irreparables en el ámbito económico y social. El especialista menciona que los shocks que sufrieron tanto la oferta y la demanda de manera simultánea fueron severos y que, de hecho “nunca había sucedido en tiempos de paz, únicamente en tiempos de guerra”.
Las medidas tomadas por el gobierno tampoco fueron las más favorables. Samaniego comenta que “la ley llamada ‘humanitaria’ normalizó la reducción de empleo, incluso de empleos formales”. Por este motivo, la reducción de ingresos con relación a los niveles prepandémicos fue inminente.
De hecho, para él, el análisis desde un enfoque de ingresos no es suficiente, y considera que para evaluar la situación del mercado laboral es necesario hacer un recuento de las horas de trabajo, y no necesariamente de la cantidad de personas empleadas. De acuerdo con el experto, “la pérdida del trabajo desde este enfoque es de más del 15%, aunque las cifras de desempleo se ubiquen entre el 5% y 6%”. Estas nuevas nociones del mercado laboral indican que la población se enfrentó a una tendencia creciente del subempleo y la informalidad.
Según Samaniego, “la pérdida de trabajo fue brutal, lo que se refleja en el incremento sustancial de la pobreza”. Esta situación, aunada a la dificultad de observar a fondo las dinámicas rurales al comenzar la crisis sanitaria, produjo que muchos elementos del área rural no pudieran cuantificarse. El experto señala que “al inicio de la pandemia la reducción de la demanda de productos (incluso alimenticios) por el corte de los canales de comercialización, implicó que los productores agrícolas se quedaran sin ingresos”.
Por este motivo, se crea un “agujero negro” de información durante la pandemia, por lo que los efectos reales podrían superar a los que reflejan las cifras del INEC. Y, a pesar de que la economía se está reactivando lentamente y las dinámicas urbanas presentan tendencias crecientes pero desaceleradas, en las zonas rurales se siguen profundizando las brechas.
Esto se verifica con los datos de brecha y severidad de la pobreza. La brecha rural (22,9%), que representa la distancia promedio de los ingresos de los individuos en condición de pobreza respecto a la línea de pobreza, supera a la brecha urbana (8,1%) (Gráfico 5), siendo más del doble, lo que significa que la mayoría del promedio está a una distancia más lejana del umbral de pobreza y de los mínimos monetarios para subsanar las necesidades básicas.
Lo mismo se puede evidenciar con la severidad de la pobreza, siendo el área rural la que presenta un mayor porcentaje (13,7%) frente al 3,8% en la urbe, lo que confirma que la profundidad de la pobreza sigue siendo mucho más elevada para los estratos sociales más bajos.
Gráfico 5
Brecha y severidad de la pobreza nacional, urbano y rural
LAS CIFRAS DE POBREZA POR INGRESOS SON INSUFICIENTES
El análisis de pobreza por ingresos deja de lado un sinnúmero de factores de corte más social que van de la mano con la precariedad de vida que conlleva el percibir ingresos bajos. Es por esto que, es necesario hacer un análisis multidimensional. Basarse únicamente en términos unidimensionales (un solo factor de incidencia como el ingreso) es insuficiente.
El análisis multidimensional implica el estudio de aquellas personas que son pobres y que, además, sufren otras desventajas. Las medidas multidimensionales nos permiten ver cuántas carencias experimentan los hogares al mismo tiempo, presentando una visión panorámica.
Dentro de este enfoque se incluyen conceptos como estándares de vida, acceso a servicios básicos, privación múltiple, exclusión, etc. Samaniego concuerda en que la exploración de estos factores, como la falta de acceso a vivienda segura, educación, salud, nutrición, a trabajo y a la seguridad social es importante para entender el impacto en los grupos más afectados.
Según el INEC, en diciembre de 2020, la tasa de pobreza multidimensional a nivel nacional fue de 40,2% (frente al 38,1% de diciembre 2019); en el área urbana fue 26,8% y en la rural 68,7%. Estas cifras sobrepasan sustancialmente a la pobreza por ingresos, por lo que es claro que el Ecuador no ha sido capaz de diseñar políticas públicas que aborden la pobreza tomando en cuenta otros factores de riesgo.
La tasa de pobreza extrema multidimensional presentó tendencias similares ya que, a nivel nacional, a diciembre del 2020, fue de 17,8% (frente a 16,9% en 2019), a nivel urbano fue 5,9%, mientras que a nivel rural de 43,3%. Se notan entonces las brechas entre la urbe y las periferias. La pobreza se concentra mucho más en las zonas rurales, tal que la región amazónica presenta una incidencia de pobreza muy por encima del promedio nacional, al igual que la zona rural de Manabí y las zonas agrícolas de Guayas.
Samaniego señala que la periodicidad de este indicador debería cambiar, al menos semestralmente, y que no se presente solo en diciembre de cada año. Esto, debido a que a lo largo del año se pierde el análisis de los factores sociales que profundizan mucho más las condiciones de pobreza.
De hecho, el experto llevó a cabo una encuesta telefónica, de dos rondas, de la mano de UNICEF, para explorar estos factores que no son observados, especialmente en el área rural. Los resultados que obtuvo mostraron, en primer lugar, que “si bien hubo una reducción de los ingresos de los hogares, esta bajó para la segunda ronda” y que “muchos de los factores de riesgo, como la inseguridad alimentaria, persistieron”. Esto indica que los efectos de la pandemia no se están solucionando tan rápidamente como se esperaba.
Para el experto, es fundamental enfocarse en otros apartados como “problemas de alimentación, salud, educación, etc.” que “están limitando las capacidades de los individuos de tener una vida digna”.
Esta problemática tiene efectos negativos, sobre todo en el largo plazo. De acuerdo con el experto, en el caso de los niños, niñas y adolescentes (NNA), no se está priorizando el desarrollo adecuado de sus capacidades tempranas. En el caso de la cobertura de vacunación, no se alcanzó la meta esperada, tal que alrededor de 35% de los NNA de entre 0 y 4 años no fueron vacunados. Samaniego sostiene que “esto configura un problema de salud pública a largo plazo” debido a que este porcentaje de la población va a estar más propenso a contraer el virus, y a contagiar a las personas a su alrededor.
En el tema de salud, el experto propuso una pregunta sobre enfermedades catastróficas y lo que encontró fue que se redujo considerablemente la atención a enfermedades graves por fuera del covid-19, especialmente dentro de las instituciones públicas. Según Samaniego, se evidenció también una “falta de medicinas, la cancelación y reprogramación de citas, así como la eliminación de la prestación del servicio”.
La educación también se ha visto afectada. En el contexto actual, la virtualidad ha colocado una barrera para el acceso al aprendizaje, sobre todo para los estratos más bajos.
De acuerdo con el experto, tomando en cuenta las horas destinadas al estudio, “el promedio de horas de clase en los establecimientos públicos es menor (2,8 horas para los hogares con NNA de entre 12 y 17 años y 1,75 para los hogares con NNA de entre 5 y 11 años) que en los privados (4,5 y 3,77, respectivamente).” Esto teniendo en cuenta que 80% de los NNA acude a la educación pública. Se muestra entonces una clara deficiencia, con fuertes implicaciones al largo plazo, y muchas personas con vacíos educacionales que en un futuro deberán enfrentarse a la educación superior o al mercado laboral.
El reto actual para el aparato estatal consiste en recomponer y consolidar los programas sociales y las inversiones en esferas como la salud y la educación, de manera que disminuya la vulnerabilidad de los estratos sociales más bajos. Se necesitan políticas transversales que no solo tomen en cuenta el nivel de pobreza por ingresos, sino que consideren los diversos factores y las dimensiones alrededor de las situaciones de carencia.
(*) Elaborado por Aitana Veloz, analista económica Revista Gestión.
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Last modified on 2021-08-10