¿Es el Ecuador un Estado de derecho?

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¿Es el Ecuador un Estado de derecho?

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Octubre 29, 2021 - 05:00

Ecuador se ubica en el puesto 92 de 139 países evaluados en el Índice de Estado de derecho de la organización World Justice Project. Un Estado de derecho es un sistema en el cual priman las leyes, las instituciones, las normas y el compromiso de todos los agentes. El país no ha variado mucho en su posición desde 2015, año en el que se publicó por primera vez el índice. El orden y la seguridad es el indicador con menor puntaje del país, lo que muestra un bajo control del crimen y el conflicto civil. La crisis carcelaria ecuatoriana evidencia que el Estado de derecho no está presente en el sistema penitenciario.

La organización de sociedad civil World Justice Project (WPJ), publica anualmente un índice que mide el Estado de derecho. Específicamente, toma en cuenta ocho factores: restricción a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Además, enfatiza en  que un sistema que falla al respetar los derechos humanos fundamentales garantizados en leyes internacionales no debería será llamado Estado de derecho.

En el año 2021, el ranking incluyó a 139 países, situando al Ecuador en el puesto 92. La información recolectada del país se basó en una encuesta presencial en Quito, Guayaquil y Cuenca en el año 2017, por lo tanto, no toma en cuenta el paro nacional de octubre del 2019, ni la crisis carcelaria de 2021.

¿QUÉ ES UN ESTADO DE DERECHO?

De acuerdo con WJP, un Estado de derecho es un sistema perdurable de leyes, instituciones, normas y compromisos comunitarios en el cual prima la habilidad de asumir responsabilidades -tanto el gobierno como los actores privados-, una ley justa, un gobierno abierto y una justicia accesible e imparcial. Además, un Estado de derecho reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades, y protege a las personas de grandes y pequeñas injusticias.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define al Estado de derecho como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluyendo al mismo Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente. Estas leyes se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además, deben ser compatibles con los principios internacionales de derechos humanos.

La ONU también indica que el Estado de derecho es fundamental para la paz y seguridad  internacional y la estabilidad política, para lograr un desarrollo económico y social que proteja a los derechos y libertades de las personas. También es básico para el acceso a servicios públicos, combate a la corrupción, restricción del abuso de poder, y establecimiento de un contrato social entre las personas y el Estado.

Un Estado de derecho beneficia a toda la población. Según el WJP, beneficia al ambiente empresarial -especialmente las decisiones de inversión-, también a los trabajos e inversiones públicas –se deben respetar las regulaciones de diseño y seguridad de infraestructuras, además de la calidad de los materiales-, y al ambiente y salud pública.   

ECUADOR ESTÁ EN EL PUESTO 92 DE 139

Desde que se publica el Índice de Estado de Derecho, el Ecuador no ha variado mucho en su puesto en el ranking. En 2015, se ubicó en el lugar 77 de 102 países evaluados; en el 2019 estuvo en el puesto 87 de 126 países y en el 2020 en el 86 de 128. Actualmente, se ubica en el puesto 92 de 139.

El puntaje va de 0 a 1, siento 1 un fuerte Estado de derecho. En los primeros puestos están países europeos; el primer lugar lo tiene Dinamarca. Por otro lado, los últimos cinco puestos los ocupan países de África subsahariana (Camerún y Congo), Egipto, país de Medio Oriente, el país asiático de Camboya y, en último lugar, Venezuela (Tabla 1). Venezuela tiene un puntaje de 0,27, bastante inferior a Camboya, que ocupa el puesto 138 con 0,32.

Tabla 1

Ranking de Índice Estado de Derecho

 

A nivel regional, Ecuador se encuentra en el puesto 21 de 32. Los países con mayores puntajes de la región son Uruguay, Costa Rica y Chile, tres naciones reconocidas por tener una calidad de vida más alta y economías fuertes. Uruguay, por ejemplo, tiene su mayor puntaje en derechos fundamentales, lo que indica un respeto a los derechos humanos. Brasil está en el puesto 16, por debajo de Argentina (13) y Panamá (15); el peor puntaje de Brasil es en justicia penal, específicamente en corrupción e influencia inapropiada del gobierno. Ecuador, Perú y Colombia tienen puntajes muy similares, y se encuentran juntos en el ranking, puestos 21, 20 y 19, respectivamente. Por último, Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela se encuentran al final de la lista (Mapa 1)

Mapa 1

Ranking del Estado de derecho en América Latina y el Caribe

 

ORDEN Y SEGURIDAD, EL FACTOR CON MENOR PUNTAJE DE ECUADOR

De los factores que se toman en cuenta para la construcción del índice, el Ecuador tiene el más alto puntaje en gobierno abierto (68 de 139) y derechos fundamentales (79 de 139). En gobierno abierto, se analiza que la información del gobierno esté disponible libremente y el gobierno rinda cuentas. El indicador de derechos fundamentales identifica un trato equitativo y ausencia de discriminación, garantía a la vida y seguridad, así como la libertad de expresión y opinión. También toma en cuenta que se garanticen los derechos laborales fundamentales. Con respecto a lo último, es importante recalcar que los datos para la construcción del índice fueron con el Código del Trabajo actual.

La restricción a los poderes del gobierno, el cumplimiento regulatorio y la justicia civil tienen un ranking similar, 81, 84 y 83 de 139, respectivamente.  El primero analiza hasta qué punto los gobernantes cumplen la ley, evalúa también los medios constitucionales e institucionales por lo cuales los funcionarios y agentes son limitados y responsables ante la ley. El cumplimiento regulatorio se refiere a si el Ecuador hace cumplir sus regulaciones y si la justicia civil es accesible y asequible, sin discriminación.

Los dos factores con peores puntajes son la ausencia de corrupción (puesto 94 de 139) y orden y seguridad (puesto 114 de 139). La corrupción es un problema grande y vigente en el Ecuador, pues el índice considera que las personas tienen ganancias individuales y privadas de recursos del Estado, lo cual afecta el Estado de derecho.

El factor orden y seguridad del índice del WJP, toma en cuenta la seguridad de las personas y la propiedad. La seguridad es una condición para la ejecución de los derechos y libertades que en un Estado de derecho debe buscar. El factor evalúa específicamente si el crimen se controla eficientemente así como el conflicto civil. El puntaje indica que el Ecuador tiene un bajo control del crimen y del conflicto civil, un problema que salió a la luz y explotó con las crisis carcelarias.

LAS CRISIS CARCELARIAS Y EL ESTADO DE DERECHO

Tanto el orden y la seguridad, como la justicia penal, han sido factores críticos durante el último año en el Ecuador. Dentro de la justicia penal, se evalúa si el sistema de investigación criminal es efectivo, imparcial y libre de corrupción y si el sistema penitenciario es efectivo en reducir el crimen.

Para el 23 de agosto de 2021, se sumaban 121 reos muertos desde el inicio de año. Para el 28 de septiembre, el sistema penitenciario ecuatoriano volvió a batir un nuevo récord, con 116 presos asesinados. En total, suman alrededor de 240 muertes, lo que pone en duda los compromisos con los derechos humanos y, por lo tanto, el concepto del Ecuador como un Estado de derecho.

Las crisis carcelaria tiene que ver con el crimen organizado. Dentro de la economía, la teoría de la elección pública (rama de la economía política) analiza las situaciones de autogobierno y crimen organizado e identifica que estos contextos derivan en comunidades donde no hay una presencia del gobierno, tanto por la ilegalidad de las actividades o por falta de presencia en sí, lo cual deriva en contextos violentos.

Las cárceles son un ejemplo de autogobierno, pues las pandillas se organizan para formar sus propias leyes y contratos de convivencia. A pesar de la dificultad y costo de intervención en estos escenarios, las cárceles son responsabilidad del Estado. La crisis carcelaria en el país ha puesto en evidencia que no todas las personas están sometidas a las leyes y, por lo tanto, los derechos humanos de los presos se han visto afectados con resultados fatales.

El sistema penitenciario no es efectivo en reducir el crimen, pues además de que las cifras de violencia y asesinatos han aumentado considerablemente durante este año, las muertes dentro de las cárceles evidencian que el Estado no está garantizando ni la vida ni la seguridad de los ecuatorianos. Los derechos fundamentales de un Estado de derecho no se cumplen. El Estado de derecho ecuatoriano no existe para todos por igual.

 

(*) Elaborado por Maí Suárez, redacción Revista Gestión.

 

 

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