Cerca del 50% de las personas LGBTI+ trabajaban en áreas relacionadas con servicios y comercio minorista, sectores que han sido fuertemente afectados por la pandemia. Además, en su mayoría no cuentan con un seguro, lo que dificulta su acceso a la seguridad social, sistema de salud y seguro de desempleo. En adición, la discriminación en el ámbito laboral, personal, sanitario, de justicia y familiar se traduce en una reducción de calidad de vida. La falta de estadísticas actualizadas es otro escollo para entender su realidad.
Según la Organización de las Naciones Unidas, la pandemia reproduce y exacerba los patrones de exclusión social y violencia para lesbianas, gays, bisexuales, trans y personas de géneros diversos (LGBTI+). Parte de la población que pertenece a este grupo se mantiene oculta, lo que dificulta la generación de estadísticas en Ecuador. A pesar de ello, el INEC, en su afán de recopilar información, presentó en 2013 la primera investigación de Condiciones de Vida e Inclusión Social de la Población LGBTI+, que no ha podido actualizarse hasta la fecha.
La dificultad inicial del estudio fue determinar la población total LGBTI+ y para sortear esa barrera se usó una metodología tipo bola de nieve. Es decir, un encuestado daba información de otras personas, dado que la población interactúa entre sí y ha formado una “red social”.
Si bien se esperaba tener información más actualizada con el censo 2020, la emergencia sanitaria lo impidió. A pesar de la falta de datos, se tiene claro que la población LGBTI+ es marginada en el ámbito laboral, educativo, sanitario y de justicia, incluso en el círculo familiar. Más aún en el contexto de la pandemia, pues estas minorías se han llevado la peor parte de las consecuencias socioeconómicas y sanitarias generadas por la coronacrisis.
MÁS DEL 40% DE PERSONAS LGBTI+ SON DISCRIMINADAS EN EL ÁMBITO LABORAL O EDUCATIVO
En Ecuador, el grupo LGBTI+ ha sido históricamente discriminado. La lucha por sus derechos ha sido extensa. Hace poco más de dos décadas, apenas en 1997, en el artículo 516 se despenalizó la homosexualidad en el Código Penal y en 1998 la Constitución reconoció la discriminación por orientación sexual como ilegal.
Una década después, en 2008, se ratificó y se amplió, reconociendo el derecho a la no discriminación, incluyendo la discriminación por género. Este cambio en los derechos es una gran herramienta jurídica para la defensa de la comunidad LGBTI+. En 2015, además, se reformó el Código Laboral y se estableció la no discriminación en el ambiente de trabajo por orientación sexual. Y en 2019 la Corte Constitucional dio paso a la unión civil entre personas del mismo sexo. Pero, a pesar de los avances, la marginación de este grupo continúa y alcanza a esferas de la cotidianidad (Gráfico 1).
En Ecuador y América Latina persisten las acciones de animadversión contra el grupo LGBTI+. En el país, en lo laboral y educativo se registran más actitudes de discriminación, exclusión e incluso violencia. Casi 50% de las personas sufren discriminación a causa de su orientación sexual en estos ámbitos, lo que incrementa la tasa de exclusión. En el espacio educativo, cerca de tres de cada 10 adolescentes y/o jóvenes LGTBI+ son agredidos físicamente.
Gráfico 1
Discriminación, exclusión y violencia receptada por el grupo LGBTI+
El departamento de la ONU encargado de protección contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, IESOGI, afirma que durante el confinamiento se incrementó la exposición de miembros LGBTI+ a sufrir violencia y marginación dentro de sus mismos hogares. Esto debido a que parte de la violencia y agresiones que sufren se dan en el entorno emocional más cercano.
En Ecuador, el INEC encontró que de las personas que conocen la orientación sexual de los entrevistados, los amigos son quienes dan mayor aceptación (89% del total), mientras que los padres y otros familiares son los menos receptivos (13%) (Tabla 1).
Tabla 1
Conocimiento de orientación sexual y nivel de aceptación
LAS PERSONAS LGBTI+ TRABAJAN EN LOS SECTORES MÁS IMPACTADOS POR LA PANDEMIA
De los 2.805 encuestados en 2013, se encontró que 14% formaba parte de la población económicamente inactiva. Del 86% restante, que están en edad de trabajar y en busca de un empleo, 94,5% estaba ocupado en un trabajo y 5,5% se encontraba desempleado.
Las áreas de ocupación se enfocan en el sector de servicios y comercio (Tabla 2). La IESOGI informa que las personas LGBTI+ dependen desmedidamente de los ingresos informales. Y, cuando se ubican en empleos formales, tienen más probabilidades de trabajar en industrias altamente afectadas por la pandemia, como los restaurantes y servicios de comida o el comercio minorista.
Esto se corrobora con los resultados emitidos por el Banco Central, que determinan que el sector del comercio fue el que alcanzó mayores pérdidas para el sector privado. Entre marzo y diciembre de 2020 -donde se reconoce el efecto de la pandemia- se identifica que la pérdida fue de $ 5.515 millones para el comercio, mientras que solo tres puestos por debajo se encuentran los servicios, con una pérdida de $ 1.447 millones.
Tabla 2
Grupos de ocupación de personas LGBTI
En este marco, la informalidad deja nuevos desafíos, especialmente bajo el contexto de la pandemia, debido a que esta minoría no cuenta con un seguro, ya sea público o privado, lo que dificulta el acceso a una serie de servicios, entre ellos, la salud. Del total de encuestados, 31% estaba afiliado a la seguridad social, 11% tenía un seguro privado y 58% no contaba con ningún seguro.
Además, como muestra el Gráfico 2, los ingresos de las personas LGBTI+ se concentran en su mayoría entre los $ 292 y $ 584 dólares (salario básico vigente en 2013). Sin embargo, este monto no sería suficiente para cubrir el costo de la canasta básica, sino que dependería de los ingresos de otras personas para cubrirla.
Mientras el gobierno nacional busca alternativas e impulsa medidas para enfrentar las consecuencias económicas, sociales y políticas de la pandemia, ignoran las necesidades de la población LGBTI+, que es un grupo vulnerable, desplazado del mercado laboral y que no percibe ingresos suficientes para su subsistencia.
Gráfico 2
Distribución de los ingresos percibidos por personas LGBTI+
EL MANDATO PRESIDENCIAL CONCLUYE SIN HABER ATENDIDO LAS NECESIDADES DE ESTE GRUPO
Los grupos LGBTI+ han reclamado mayores atenciones sociales por parte del Estado para afrontar la emergencia sanitaria, especialmente por su condición de vulnerabilidad a causa de su identidad sexual, que impacta en el trato igualitario y acceso a ciertos servicios que deberían recibir. Hasta el momento, el gobierno no ha establecido beneficios directos para este grupo.
El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 del gobierno de Lenín Moreno estaba enfocado en políticas para la igualdad de las mujeres y personas LGBTI+ y proponía una serie de medidas para erradicar los problemas preexistentes y mejorar la calidad de vida de esta minoría ecuatoriana. Algo que no se ha cumplido.
Las personas LGBTI+ encuestadas por el INEC afirmaron que las experiencias negativas en su entorno familiar tienen relación con control (72,1%), imposición (74,1%), rechazo (65,9%) y violencia (61,4%). El Estado pretende erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones económicas, sociales, culturales, religiosas, de etnia, edad, discapacidad y movilidad humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas manifestaciones. Pero a pesar de los posibles esfuerzos del Ejecutivo, el hecho de no tener estadísticas actualizadas dificulta la capacidad de medir la evolución y el bienestar de este grupo de la sociedad que es altamente vulnerable y marginado.
En aspectos como en el educativo, la discriminación y exclusión son trabas para el acceso de las personas LGBTI+. El problema central es que a futuro esta exclusión tendrá efectos sobre el mercado laboral formal y ninguna economía puede alcanzar su pleno potencial sin la participación plena e igualitaria de todos. Por lo tanto, mitigar la discriminación es una cuestión urgente en la sociedad ecuatoriana, y en estos momentos donde la pobreza se incrementa exponencialmente, se requiere políticas focalizadas que beneficien a las minorías más afectadas. El trabajo queda para el siguiente Gobierno, que a pesar de su claro corte conservador se ha comprometido con los derechos de todos.
(*) Elaborado por Karen Lucero, redacción Revista Gestión.
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Last modified on 2021-05-19