El secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Adrián Bonilla, conversó con GESTIÓN sobre el nuevo momento que atraviesa la educación superior en el país y las políticas públicas que lo rigen y que buscan potenciar la innovación, la pertinencia y el acceso a los estudios universitarios. Sobre la evaluación a las instituciones de educación superior, que fue un proceso complejo, traumático y necesario que se vivió en el Gobierno anterior, Bonilla asegura que el modelo coercitivo quedó atrás para dar paso a uno de acompañamiento.
Tras varios años de regulaciones y de reordenamiento de la educación superior en la administración pasada, hoy cabe preguntar ¿qué momento atraviesa la educación superior en el país? ¿Hacia dónde estamos caminando?
Creo que tenemos un antecedente que es importante tomarlo en cuenta, antes de 2010 tuvimos 30 años de desregulación, que no produjeron ningún bien a la educación, porque en el caso de la educación pública las universidades fueron capturadas por agrupaciones políticas y en el caso de la educación privada, en algunas de ellas, se produjeron prácticas de carácter lucrativo que dieron como resultado venta de títulos y otro tipo de prácticas fraudulentas. Entonces, la desregulación no es una opción.
Como consecuencia de este antecedente, se impuso un régimen que se levantó sobre una cantidad de reglas, normas que sobrerregularon el sistema y que construyeron una forma de relacionamiento entre universidades y Gobierno que se levantaba sobre la intimidación, la desconfianza y la sospecha.
Entre estas premisas estuvo la de incentivar la publicación en revistas extranjeras, evaluar a las universidades por su infraestructura, categorizarlas y producir una serie de lógicas que podrían ser consideradas como de discriminación. La sospecha, la intimidación y la discriminación construyeron un sistema de educación superior que como efecto produjo la reducción de la oferta educativa, del acceso de los estudiantes y la erosión de la docencia, y también la neutralización de cualquier intención o posibilidad de las universidades de vincularse con la sociedad y de transformar el entorno.
Entonces, ¿cuál es el escenario ahora?
Un escenario en el cual estas distorsiones fueron identificadas y se intentan corregir. En primer lugar se parte de la suposición de que universidades, autoridades y Estado comparten objetivos similares y que, si bien hay momentos en los cuales no hay unanimidad en todas las cosas, en general hay que construir un régimen sustentado en la confianza mutua. Y esto ha generado consensos como aquellos que produjeron la aprobación (de las reformas) a la Ley Orgánica de Educación Superior por unanimidad y el allanamiento al veto por unanimidad.
Hay tres elementos que caracterizan a la política pública en este momento en la educación superior: el primero es la construcción de un régimen distinto y complejo de calidad, que implica la adscripción de conceptos que antes no eran relevantes, como por ejemplo la capacidad de las universidades de modificar el entorno, de producir lógicas de innovación que supongan articulación con los procesos productivos y la economía del país.
Esto supone políticas de acción afirmativa que impliquen acceso de grupos históricamente discriminados, equidad en la presencia de las mujeres en los organismos de decisión de las universidades, equidad en los salarios; implica también la consideración de la docencia como un elemento central del acceso.
El segundo eje…
Es la construcción de un subsistema de educación técnica y tecnológica, que va a producir títulos en una forma distinta de enseñanza y de profesionalización a la universidad, pero también títulos de tercer nivel para que tengamos una opción adicional al acceso de profesionales calificados para incorporarse directamente al mercado de trabajo.
Y el tercer eje es la pertinencia. Es decir, que las universidades, institutos y el sistema de educación superior funcionen de acuerdo a lo que el país necesita, y la sociedad ecuatoriana requiere más productividad porque es pobre, requiere más democracia porque está todavía levantada sobre lógicas de exclusión y discriminación, requiere más equidad porque es un país donde los recursos no se distribuyen igual para todos, que no es lo mismo que necesita una sociedad del este de la China, de las provincias del sur de Corea, ni las del este de los Estados Unidos, son realidades distintas, entonces son estándares que deben evaluarse.
En ese sentido, ¿cuál es el anclaje que se está buscando, es decir, cuál sería la pertinencia más lógica para el país?
Hay áreas prioritarias, como las ciencias ambientales que son centrales para el país, y la necesidad de desarrollar especializaciones médicas porque tenemos un déficit. Por ejemplo, se debe trabajar en todo lo que tiene que ver con ciencias aplicadas, como producir prototipos y dispositivos que puedan ponerse al servicio de la pequeña industria o de la microempresa. Cuando hablamos de innovación, estamos hablando de un eje de carácter transversal que alienta a todas las disciplinas y no discrimina a una respecto de otras.
¿Qué trabajo se está haciendo para encontrar esta pertinencia?
Los instrumentos de política pública son de incentivos y desincentivos, no hay otros, las universidades son autónomas, ellas deciden qué es lo que ofrecen, entonces, la política pública lo que hace es producir una fórmula de distribución de recursos en donde se priorizan algunas de las necesidades nacionales. Las universidades comprenden cuáles son estas necesidades y se han movido en una dirección similar a la del Estado.
Esa pertinencia también debe ser territorial, la educación superior estuvo muy concentrada en Quito y Guayaquil y en el Gobierno anterior se intentó descentralizarla con la creación de nuevas universidades y otros enfoques. Actualmente, ¿cómo se está pensando o repensando el tema de la territorialidad?
Lo de la territorialidad tiene al menos tres dimensiones. Una primera tiene que ver con la localización de recursos. Lo que nosotros tuvimos con el sistema de categorización de universidades es que las universidades en provincias recibían menos recursos, estaban en categorías inferiores y no tenían la capacidad de gestionar, de ascender a otra categoría, entonces sí hay una asimetría en el campo de las universidades públicas con universidades que reciben por estudiante más que otras universidades. Para ello, la Ley de Educación Superior sí tiene algunos elementos en sus reformas que permiten ir compensado estas asimetrías.
Otra lógica tiene que ver con el acceso. Cuando nosotros miramos las estadísticas de admisión a la universidad pública y privada, encontramos que los muchachos que rinden el examen Ser Bachiller de provincias de la Amazonia, de cantones rurales de la Sierra, tienen notas muy inferiores que en Cuenca, Guayaquil y Quito, y esto les da menos oportunidades de ingresar a la educación superior.
El tercer eje tiene que ver con la oferta de educación superior en áreas donde existe poca oferta y demanda que necesita estimularse. Para ello está en marcha, por ejemplo, la construcción de la universidad en Santo Domingo de los Tsáchilas, que es la tercera o cuarta ciudad más poblada del país, hay una oferta que se está pensando para potenciar en Galápagos también.
Respecto a las universidades creadas en el régimen anterior, como Yachay e Ikiam que tenían objetivos específicos, ¿seguirán potenciándose?
Las cuatro universidades que fueron creadas son universidades públicas y tienen un tiempo para adscribirse al tema de educación superior. A finales del año 2020 estas universidades serán parte del conjunto de universidades públicas. Actualmente están funcionando, son buenas y las universidades tienen que sostenerse. La Ciudad del Conocimiento en Yachay es distinta a la universidad, la universidad es un proyecto que se sostiene, Yachay es un proyecto que estuvo mal concebido y tiene que reconstituirse.
Es evidente entonces que existe una diversificación en la oferta que crece de forma paulatina, ¿pero cómo motivar la demanda de otro tipo de carreras? Los jóvenes siguen apostando por estudiar Medicina o Administración…
Siempre vamos a tener este tipo de tendencias en Ecuador y en todos los países del mundo. En este momento las carreras de ciencias de la salud son muy demandadas y hay varias explicaciones para ello. Una de ellas es la percepción que tienen los chicos de que titulándose en este tipo de carreras tendrán estabilidad laboral.
No se pude incidir o prohibir a las personas que apliquen a la carrera que quieren estudiar, pero sí se debe informar que, por ejemplo, en carreras de la salud el acceso es limitado y la competencia es durísima. Los cupos no dependen del Estado, pero sí de la universidad, de su infraestructura.
Respecto al acceso a la educación superior, ¿cuál es el nivel de mejora que ha existido? Hubo un momento en el que el acceso se duplicó, sobre todo en los estratos medio y medio bajo de la población…
Lo que nosotros tuvimos es que del año 2012 a 2017 las universidades recibieron, en términos generales, más recursos pero menos estudiantes habiendo contratado más profesores. Es una paradoja que tiene que ver con dos razones: la primera es que hubo una distorsión estructural de este sistema que estimulaba las publicaciones y desestimaba la docencia, para ponerlo en términos muy esquemáticos; y la segunda tiene que ver con la necesidad de mejorar el gasto de las universidades públicas y eventualmente de las particulares.
La mejora del gasto y la reestructuración del sistema nos han permitido ampliar mucho el acceso, de hecho, la última postulación en el Gobierno anterior fue de más de 64.000 personas y en última postulación del Gobierno actual se dieron 124.000 cupos, pero de estos 124.000 cupos, 30.000 de ellos correspondían a cupos que se abrieron en educación virtual.
¿Se puede decir que existe un mayor acceso de las personas pertenecientes a estratos bajos a las universidades?
Ahí tenemos estabilidad. Lo que nos obliga la Ley de Educación Superior es a tener políticas de acción afirmativa y explícita que, probablemente, a partir del año 2019 mejoren el acceso de las personas con menos recursos. Pero sí hay personas de recursos limitados que acceden a las universidades y eso tiene que mejorar, la ley permite que eso mejore el próximo año.
Hablando de la educación de cuarto nivel, ¿cuál es la situación de las maestrías en el país? Se ve que cada vez hay más universidades se están interesando por ofrecer estos programas, ¿cómo se maneja la pertinencia de este tipo de estudios?
Se vigila la pertinencia y la calidad y que la universidad tenga los recursos humanos y la estructura necesaria para tener programa de posgrado. Este es un trabajo que se hace en el Consejo de Educación Superior, en donde el Gobierno tiene la presencia de cuatro de los 10 integrantes que tienen voto y cada proyecto tiene que aprobarse, al igual que las expansiones de posgrado como consecuencia del mejoramiento de la planta docente.
En el Legislativo se están presentado proyectos para poner un techo al costo de las maestrías ¿ustedes han pensado participar de alguna forma?
Bueno, la educación de cuarto nivel no es gratuita, ni en el espacio público ni en el privado. Las universidades tienen un sistema de presentación de aranceles y la Ley obliga a que el Consejo de Educación Superior mire cuáles son los costos y aranceles en función de la infraestructura, del talento humano requerido por la universidad, es decir, lo que implica dar una maestría. El Consejo de Educación Superior puede o no hacer observaciones sobre la aranceles, en el posgrado existe esa preocupación.
El Ecuador, en comparación con otros países de América Latina, no es necesariamente más el caro dado el costo de vida en el país. Si es que hay un intento de regular el costo de las maestrías, se tendría que tomar en cuenta efectivamente cuánto cuesta también a las universidades la producción de esos posgrados. Partimos desde la suposición, que está en la Constitución y en la Ley, que las universidades no pueden, ni las particulares ni públicas, tener lucro con su actividad, entonces, todo lo que se produce en la educación de posgrado y en la de grado tiene que ser reinvertido en la misma universidad.
En el corto o mediano plazo, ¿cuáles son los objetivos que ustedes tienen como Senescyt?
Lo que nosotros hemos tenido como preocupación central en estos meses ha sido acceso y ha habido una mejora notable, otra línea es mejorar la reglamentación que en estos momentos ofrece una serie de trabas a la educación a distancia online, que puede ser tan buena como la educación presencial si se da con calidad. El mundo está lleno de este tipo de recursos, hay profesiones que requieren presencia, por ejemplo, ciencias de la salud, pero hay otras que se pueden aprender perfectamente. Po un lado el acceso, por otro la educación en línea y por otro el mejoramiento y construcción de un sistema de educación técnica y tecnológica.
¿Qué iniciativa planea lanzarse próximamente?
El programa de educación técnica y tecnológica que supone construcción de 44 nuevos institutos superiores técnicos y tecnológicos en todo el país hasta el año 2021. Esto supone la construcción también del mapa de necesidades a nivel nacional y tiene que articularse con las necesidades productivas de las provincias en donde se van a implantar. 27 de estos institutos ya existen y van a ser repotenciados y el resto serán nuevos institutos.
¿Cuál es la importancia de la educación tecnológica en un país como Ecuador?
Nosotros tenemos profesionales que se forman ese instante para poder articularse en forma inmediata al sector productivo, una cosa es tener un electricista, que tiene la capacidad de reparar y de trabajar inmediatamente con los materiales para los cuales está capacitado, y otra cosa distinta es un ingeniero eléctrico; la diferencia entre la educación técnica y la educación universitaria es esa: un ingeniero eléctrico no tiene necesariamente esa herramienta para reparar una máquina, un motor o un cable de alta tensión.
En un tema más complejo, ¿cómo se está manejando ahora el sistema de evaluación a las universidades tras el traumático pero necesario proceso que se vivió años atrás?
Esta es una de las transformaciones de la Ley de Educación Superior, pasamos de un sistema que hacía de la evaluación la finalidad a otro que hace de la evaluación un instrumento. El objeto es que haya calidad, la evaluación es un instrumento, no es más que eso, sirve para saber en qué estado están las universidades, entonces, la evaluación se mantiene, por supuesto. Tenemos dos tipos de evaluación, según la Ley de Educación Superior reformada: una evaluación que es voluntaria, que hace el órgano correspondiente, y otra que es obligatoria, que es la de acreditación.
La otra, que es el proceso de cualificación, sirve para saber si cierta universidad es apta para ofrecer doctorados en disciplinas o para tener un régimen sumario de presentación de proyectos, por lo que las universidades que cualifiquen mejor son universidades que se evaluarán con periodos más largos de tiempo. La idea es acompañar a las universidades, no vigilarlas ni establecer regímenes punitivos. Hay más apertura de las universidades, pero esta es una obligación legal.
*Editora general Revista GESTIÓN.
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Last modified on 2018-10-14