El cumplimiento de las ofertas de campaña del presidente Lenín Moreno al cumplirse su primer año de mandato muestran un avance promedio de 38%, equivalente a un cumplimiento medianamente satisfactorio, según un estudio realizado por el Grupo FARO y su iniciativa Ecuador Decide.
Los resultados del informe se dividen en seis ejes: educación inicial, con 35% de cumplimiento; educación técnica, con 48%; empleo, con 38%; emprendimiento, con 32%; lucha contra la corrupción, con 28%, y reconstrucción de Manabí, con un 47% (Gráfico 1).
Gráfico 1
Avance de las propuestas de campaña de Lenín Moreno a su primer año de mandato
Fuente: Grupo Faro.
A través de indicadores rigurosos, el Grupo FARO mide los avances de las propuestas de la campaña electoral respecto a estos temas en diferentes momentos: a los 100 días, a los seis meses y al primer año de gestión del nuevo gobierno.
Los resultados sugieren que la propuesta en la que mayor avance se ha dado es educación técnica, con 48%, seguido de la reconstrucción de la provincia de Manabí, con 47%. Por el contrario, además de preocupante, la propuesta con menos avance es la lucha contra la corrupción (28%). A continuación se presentan con mayor detalle los resultados del informe:
Educación inicial y la Misión Ternura, de más a menos:
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A los 100 días (56%):
- La Misión Ternura forma parte del Plan Toda una Vida 2017-2021 y tiene un presupuesto general para su implementación.
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A los seis meses (30%):
- No se habían actualizado los instrumentos y normas técnicas bajo los lineamientos de la Misión Ternura.
- Había limitada articulación entre los ministerios encargados de ejecutar el programa.
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Al año (17%):
- Hay una disminución de 40 mil matrículas (en el periodo de 2017 – 2018) con relación al año anterior en educación inicial. En el mismo periodo disminuyó la cobertura de servicios de desarrollo infantil para las modalidades: CDI/CIBV y CNH.
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En conclusión:
- Misión Ternura, como política pública que asegura el desarrollo infantil integral, está en proceso de formulación.
- Se recomienda asegurar una transición adecuada desde la etapa de desarrollo infantil, hacia la educación inicial.
Educación técnica y las reformas que aceleraron el proceso de cumplimiento:
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A los 100 días (28%):
- La educación técnica se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021.
- El proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica (2016) se encontraba en proceso de reformulación que requería de una reforma a la LOES.
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A los seis meses (50%):
- Senescyt presentó una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) el 10 de octubre de 2017, que incluyó la creación de un subsistema de educación técnica para lograr que los estudiantes de estos institutos obtengan títulos equivalentes a educación universitaria, con acceso a programa de posgrado.
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Al año (67%):
- La Asamblea aprobó el 15 de mayo de 2018 la reforma a la LOES que incluye la propuesta de Senescyt.
- Hay avances en el proceso de diálogo con el sector empresarial para identificar necesidades de oferta académica.
- Con 22,7%, a la fecha de medición, se superó la meta programada (13,5%) de aceptación de cupos en ITT.
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En conclusión:
- Existe voluntad política para impulsar la educación superior técnica y tecnológica. Sin embargo, para asegurar la ejecución resulta necesaria la actualización integral de los instrumentos del proyecto de reconversión. Al momento, la reforma a la LOES se encuentra a la espera del veto presidencial.
Se generaron 89.199 empleos adecuados de los 250.000 empleos ofrecidos:
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A los 100 días (57%):
- Se abrió un espacio de diálogo centrado en temas como productividad y competitividad entre Gobierno y sector privado, aunque sin un mecanismo de retroalimentación sobre lo acogido o no y el por qué.
- El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 incluyó el Programa Casa para Todos, con un organismo encargado de ejecutarlo y un presupuesto definido.
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A los seis meses (25%):
- Habían lineamientos y directrices para la Proforma del Plan Anual de Inversiones 2018. Se menciona que la inversión debía contribuir a generar empleo; sin embargo, no se pudo verificar la metodología que guía su implementación.
- No se identificó información respecto de licitaciones públicas para la construcción de viviendas dentro del programa Casa para Todos.
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Al año (33%):
- Se han generado 89.199 empleos adecuados, desde junio del 2017 a marzo del 2018, equivalente a 35,68% de la meta programada a mayo de 2018 (250.000 empleos).
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En conclusión:
- Se dificulta establecer una relación directa entre la inversión pública y la generación de empleo.
- A pesar de que Casa para Todos tiene como objetivo la generación de empleo, no se identificó a lo largo del proceso un instrumento de registro sobre el empleo directo creado.
Falta de institucionalidad e información estancó el emprendimiento:
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A los 100 días (50%):
- La temática de emprendimiento se incluyó dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021.
- Se creó la Secretaría Técnica de Juventudes para implementar el programa “Impulso Joven”.
- Existían créditos con condiciones preferenciales para jóvenes desde la banca pública, pero no hubo alianzas con el sector privado para ampliar las acciones de fomento al emprendimiento.
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A los seis meses (33%):
- No se identificó un mecanismo de priorización para la entrega de créditos.
- No existieron acciones para reducir los trámites y costos necesarios para abrir una empresa.
- La Secretaría Técnica de Juventudes estaba en proceso de consolidación institucional, lo que limitó el acceso a la información.
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Al año (17%):
- Se evidencia una débil articulación entre instituciones encargadas del fomento al emprendimiento.
- Existen limitadas acciones y resultados verificables de asistencia técnica y apoyo financiero para la generación y sostenibilidad de emprendimientos.
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En conclusión:
- Existen conceptualizaciones diversas tanto del emprendimiento como de economía popular y solidaria que dificultan establecer lineamientos generales de política pública.
- Falta de información detallada sobre los créditos colocados para emprendimientos.
A la lucha contra la corrupción le que queda un gran trecho:
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A los 100 días (33%):
- Se creó el Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, este no contó con un presupuesto específico para cumplir con sus responsabilidades ni con un espacio de difusión de sus actividades.
- La conformación del Frente no aseguró la pluralidad ni autonomía de sus miembros.
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A los seis meses (33%):
- El 18 de octubre de 2017, el Frente se disolvió y entregó un informe de recomendaciones que no se publicó ni se tradujo en una estrategia clara con plazos e instituciones responsables.
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Al año (17%):
- Ninguna institución asumió la responsabilidad de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Frente.
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En conclusión:
- Aunque la lucha contra la corrupción ha adquirido relevancia en la agenda nacional, no se identifican acciones relacionadas con esta problemática desde el Ejecutivo.
Reconstrucción muestra avances pero hace falta mayor trasnparencia y acceso a información:
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A los 100 días (57%):
- El Decreto Ejecutivo 136 cambió la estructura del Comité de Reconstrucción.
- Se colocaron créditos con montos que superaban las metas del Plan Reconstruyo pero no había información desagregada que permitiera conocer su impacto en la generación de empleo.
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A los seis meses (33%):
- No se evidenció la existencia de un mecanismo ni un proceso de priorización para los proyectos de reconstrucción y reactivación.
- No todas las actas de reuniones del Comité eran de acceso público por lo que no se pudo conocer qué actores habían participado ni las decisiones que se habían tomado.
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Al año (50%):
- El Decreto 365 cambia las atribuciones del Comité y los delegados que lo conforman. Se incluye a la prefectura de Esmeraldas, pero se deja fuera a representantes del sector privado y comerciantes.
- A pesar de que se cumple con la meta de generación de empleo no se puede identificar la calidad del mismo.
- A la fecha de medición se han entregado 75% de soluciones habitacionales, lo cual no alcanza al cumplimiento de la meta establecida al 2017 que correspondía al 100%.
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En conclusión:
- No hay una articulación entre las instancias de decisión y de ejecución, lo cual limita el accionar y el monitoreo de la reactivación de Manabí.
- Una de las mayores dificultades para la medición ha sido la falta de transparencia y acceso a la información sobre la reconstrucción.
Por: Silvio Guerra, redacción GESTIÓN.
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Last modified on 2018-05-22