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Autor: Diego Olmedo *

Habiéndose transcurrido los primeros seis meses del 2021, elegido el nuevo Presidente de la República y ejecutándose el plan de vacunación, el contexto confirma que a los sectores público y privado les corresponde entregar soluciones concretas al gran desafío que tiene el país: empleo, institucionalidad, equilibrio fiscal e incentivos económicos.

Pero, previo a echar mano de la creatividad, debemos hacer uso de la historia, la ciencia y el buen juicio para diseñar la nueva economía que el país requiere para los siguientes diez años. La ciencia económica nos ha enseñado que para progresar no es indispensable contar con recursos naturales como se creía en la década de los 60. Lo que importa son las buenas decisiones en materia de política económica, puesto que los mercados y el Estado están movidos por intereses particulares: el beneficio de uno se cruza con la búsqueda de poder del otro. Es aquí donde los hacedores de políticas económicas analizan a ambos y corrigen sus excesos y la realidad muestra que los Estados están faltos de imaginación mientras que los mercados se han vuelto más innovadores que nunca.

El nuevo Estado no es productor sino garante de reglas, sin dejar de lado que existe otro fundamento categórico y que algunos admiten con menor entusiasmo: la exigencia de una solidaridad colectiva. Por tanto, el Estado moderno debe ser a la vez garante de reglas e impulsor de la solidaridad. Pero existe un peligro que tiene relación con la naturaleza misma de la economía: el crecimiento es cíclico.

Los empresarios no se lanzan a producir, los ahorristas a ahorrar, los consumidores a consumir, los inversionistas no invierten salvo que puedan insertarse en el largo plazo y fiarse de Estados honestos, una moneda fuerte, garantías a la propiedad privada y bancos sólidos, todo esto es parte de la estructura para un crecimiento sostenido, pero es indispensable mediante una buena comunicación, mostrar a los ecuatorianos que existen condiciones previas a ese crecimiento.

Primero, debemos tener muy presente que el crecimiento es el resultado de capital (inversión), trabajo (reforma laboral) y eficiencia (productividad). Lo que explica fuertemente las diferencias en el desarrollo de los países es la cantidad de trabajo. La presión fiscal es suficiente para explicar la elección implícita de trabajar más o menos horas, y el adecuado manejo de esta presión determina claramente la elección a favor o en contra del trabajo. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una reducción de la deducción fiscal sobre el trabajo, llevaría a aumentar las horas de trabajo y, consecuentemente, a aumentar el poder de compra.

Precisamente, el crecimiento que los países de la OCDE habrían experimentado los últimos 80 años, es gracias a la reducción de impuestos y al aumento simultáneo de la cantidad de horas trabajadas. Para que la baja de impuestos sea consecuente con la realidad de la caja fiscal, este paso exigiría que exista otro modo de financiar la protección social y las jubilaciones: el paso de la contribución obligatoria a la capitalización elegida. Resulta evidente que cuantos más ecuatorianos se hagan cargo de sus propios riesgos, tanto más podrían bajarse los impuestos.

La economía debe obedecer a leyes racionales y no al poder discrecional de los gobiernos. Sin embargo, hay algo aún peor que tratar de eludir la racionalidad: la intervención pública a contratiempo basada en una mala interpretación de los ciclos naturales de los negocios, que podría llegar a hundir la economía tal como sucedió desde 2018 al 2021. La economía de mercado no puede funcionar sin un buen Estado y la democracia no puede existir sin un buen sistema económico. Con estos conceptos claros, hace menos de 40 años surgió una nueva hipótesis sobre el desarrollo que ha dado buenos resultados: el crecimiento sería una cuestión de instituciones. Y esas instituciones son un Estado de Derecho, una justicia independiente, bancos fuertes, empresas productivas y el respeto a los contratos.

En América Latina, el comportamiento de los sectores empresariales y trabajadores (élites) respecto de la sociedad, así como los planes económicos, continúan siendo una copia de la historia de la colonización. Esto permite entender por qué en la región la reivindicación social de la redistribución se impone a la del crecimiento.

Una democracia no podrá asentarse ni estabilizarse si no está fundada en la necesidad económica de una repartición de los beneficios entre las élites y la sociedad.

El Estado de Derecho representa el 57% del capital de una nación y la educación el 36%. No hay economía que crezca sin un buen garante y el mejor garante es el Estado. Pero conviene que la garantía sea lo menos onerosa posible. Cuanto menos elevado sea ese costo, tanto más próspera será nuestra economía. La política económica moderna consiste en acercarse a ese costo justo.

Debemos decir claramente que la economía está atravesando por un ciclo de recesión cuyo comportamiento está condicionado por la vacuna contra el covid-19 y el rediseño que establezca el nuevo Gobierno del modelo económico.

La solución se halla en enfocarnos en el sector externo ya que podría contribuir poderosamente a cerrar la brecha de la cuenta corriente que actualmente se encuentra mal equilibrada con las remesas, nubla la visión y la lógica de la importancia de tener mayores exportaciones. No es correcto que los valores de las remesas sean tres veces más fuertes que el saldo de la cuenta corriente.

Debemos fortalecer los sectores tradicionales como el petróleo, banano, camarón y cacao; y promocionar los no tradicionales como minerales, orito, pasta de cacao y jengibre. Con la agenda de productividad y competitividad que ha lanzado el Gobierno, debemos estar claros en la meta: aprovechar la depreciación del tipo de cambio real para ser más atractivos frente a los mercados internacionales de forma histórica.

Seamos pragmáticos, con la caída del muro de Berlín en 1989 y la liberación del internet en 1995, no hay dudas de que cambiaron los sistemas económicos: toda economía, en mayor o menor grado, es hoy necesariamente liberal y mundial, y vale decir, está sujeta a las reglas del mercado bajo la atenta mirada del Estado redistribuidor. El poder político y el poder económico deben trabajar duro para llegar a una sola conclusión: que solo hay una buena política económica social y es la que surte efecto.

 

(*) Economista, inversionista y analista económico.

 

 

 

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Last modified on 2021-07-21

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