Un presupuesto del Estado equilibrado es un instrumento vital para preservar una economía sana y cuentas públicas sostenibles, para contribuir a la solidez de la dolarización y del sistema financiero y, esencialmente, para impulsar el desarrollo del país mediante la credibilidad y confianza que inspire su conformación. La proforma del presupuesto de 2020, en gran medida está reñida con estos postulados.
Al explorar los entresijos de tal instrumento, pretendemos contribuir a que el lector infiera sus propias conclusiones. La proforma refleja un déficit de $ 3.384 millones, producto de ingresos por $ 22.516 millones y gastos por $ 25.900 millones. Se consideran $ 2.418 millones de ingresos petroleros, más $ 788 millones de ingresos petroleros y por venta de derivados incluidos como ingresos por transferencias corrientes, lo cual no es correcto.
Según la proforma, los ingresos petroleros brutos de $ 13.846 millones, menos los egresos que se cubren con tal cifra que son de $ 10.557 millones, la renta petrolera al presupuesto sería de $ 3.289 millones. Los egresos de $10.557 millones se destinan a los presupuestos de las empresas petroleras por $ 4.200 millones, al pago que hace la Secretaría de Hidrocarburos a las empresas privadas por las tarifas por $ 1.199 millones, a la importación de combustibles y derivados por $ 4.030 millones, y otros rubros adicionales.
Los ingresos petroleros brutos de $ 13.846 millones son la suma de las exportaciones de petróleo crudo, cuyo valor no se cita en la proforma, más $ 3.546 millones de ingresos por la venta de combustibles y derivados, más unos $ 750 millones por exportación de derivados que tampoco se citan. Al considerar el valor real de las exportaciones petroleras, el correcto ingreso petrolero bruto sería de unos $ 11.091 millones que restados los $ 10.557 millones de egresos petroleros, arrojarían un saldo para el presupuesto de unos $ 534 millones, más los $ 788 millones de ingresos petroleros incluidos como transferencias corrientes. No obstante, por la credibilidad de las cifras y del déficit, el Gobierno debe hacer público con fundamentos creíbles el cálculo de los ingresos petroleros.
Los ingresos petroleros serán menores en al menos $ 1.300 millones, pues, aunque no existe información, pero se la puede deducir, se estimaría exportar unos 186 millones de barriles, esto es 95% de la producción prevista de 194,8 millones de barriles, lo cual es absurdo. Normalmente se exporta entre el 68% y 72% del total de la producción de crudo. También no está claro el rubro producto de la reducción del subsidio a las gasolinas, pues se ubica un valor de $ 294 millones como venta interna de derivados dentro de transferencias corrientes. Además, en 2019 los ingresos petroleros efectivos al presupuesto serán de unos $ 1.000 millones con un precio promedio de $ 57 por barril.
De otra parte, en la proforma se asignan $ 1.371 millones para pagar los intereses de los bonos basura. En este año se cancelará una cifra algo superior. Para 2020, el pago de intereses de tales bonos será de unos $1.574 millones, al incluir los $ 180 millones de intereses de los bonos por $ 2.000 millones emitidos en septiembre de 2019. Por tanto, el gasto en intereses está subestimado en al menos $ 203 millones. Si al déficit de la proforma de $ 3.384 millones restamos al menos $ 1.300 millones de la sobreestimación de ingresos petroleros y aumentamos el gasto en intereses en $ 203 millones, el déficit real alcanzará los $ 4.904 millones (Cuadro 1).
Es conocido que la suma del déficit más las amortizaciones de la deuda y otros pasivos constituyen las necesidades de financiamiento. Estas, según el Gobierno, son de $ 6.665 millones, cifra mal calculada, pues, según los mismos datos, no incluye las cuentas por pagar y otros pasivos. Al hacerlo, estas necesidades alcanzan los $ 8.900 millones. Como el déficit real es de $ 4.904 millones, las reales necesidades de financiamiento serían de $ 10.456 millones (Cuadro 2).
Cuadro 2
Financiamiento del presupuesto de 2020 ($ millones)
Algunas lecturas sobre la composición del gasto. Los gastos corrientes son: sueldos $ 8.897 millones, bienes y servicios $ 2.139 millones, seguridades sociales (IESS, ISSFA, ISSPOL) $ 2.105 millones, subsidios en diversos bonos para los pobres $ 1.186 millones, competencias a los GAD, becas y otros gastos corrientes $ 728 millones, intereses de la deuda pública $ 3.390 millones, gastos corrientes que están como inversiones en el PAI $ 1.301 millones, el 60 % de las transferencias a los GAD que son gasto corriente $ 2.060 millones. El total de gastos corrientes es de $21.806 millones, que representan 84% del gasto total de $ 25.900 millones.
Desde otra óptica, los gastos se conforman así: Asuntos Internos (Policía) $ 1.672 millones, Defensa (FF AA) $ 1.545 millones, Educación $ 5.565 millones, Bienestar Social $ 1.446 millones, Salud $ 3.068 millones, Vivienda $ 383 millones, Seguridades Sociales (IESS, ISSFA, ISSPOL) $ 2.105 millones, intereses de la deuda pública $ 3.390 millones, transferencias a los GAD $ 3.632 millones. El total de estos sectores es $ 22.806 millones, esto es 88 % de los $25.900 millones del gasto total de la proforma.
La composición del pago de sueldos también es importante: Defensa $ 1.135 millones, Educación $ 2.361 millones, Salud $ 1.506 millones, Inclusión Económica y Social $ 107 millones, Universidades y Escuelas Politécnicas $ 897 millones, Policía $ 1.123 millones. Este total alcanza los $ 7.129 millones, es decir, 80% del total de $ 8.897 millones destinados a sueldos, a pesar de que se plantea reducir en este rubro $ 456 millones en relación a 2019.
Para el pago de bienes y servicios, a los citados sectores, con excepción de las universidades, se destinan $ 1.336 millones, 62% de los $ 2.139 millones asignados a este rubro, en el cual se espera una reducción de $ 245 millones en relación a 2019.
A estos números sobre los que se asienta la realidad del presupuesto público, se agrega la incertidumbre de obtener $ 2.000 millones de ingresos por concesiones y venta de activos, los cuales no son permanentes y ampliarían el déficit de 2021. Además, la regla constitucional: ingresos permanentes iguales o mayores a gastos permanentes, no se cumple, y se vulnera con una serie de arbitrios como el de incluir gastos corrientes como inversión o ingresos petroleros como transferencias corrientes. También es un acertijo el rendimiento de la Ley de Crecimiento Económico planteada a la Asamblea.
Los desajustes fiscales son severos y sus soluciones tienen bloqueos ideológicos, políticos, populistas y demagógicos. Las reformas económicas y fiscales planteadas a la Asamblea y otras decisiones del Gobierno pueden ayudar a reducir las tensiones fiscales y hacer viable la revisión del Acuerdo con el FMI en función de las nuevas realidades, al tiempo que los desembolsos de este organismo y entidades multilaterales serán imperativos en 2020. Caso contrario, continuar con la emisión de bonos basura a altas tasas de interés, incurrir en atrasos en los pagos de las obligaciones estatales y acumular desajustes fiscales, solo agudizará las penurias de caja pública, trasladando herencias poco sanas al próximo gobierno.
(*) Secretario del Observatorio de la Política Fiscal.