El Ecuador se enfrenta a una de las crisis energéticas más severas de su historia reciente, con repercusiones que se extienden mucho más allá del sector eléctrico, afectando profundamente las proyecciones de crecimiento económico y el bienestar de la población. El país, se encuentra en medio de lo que las autoridades han denominado “el peor estiaje en 61 años”, una situación que ha obligado al Gobierno a tomar medidas drásticas, incluyendo cortes programados de energía y la implementación de políticas de alivio económico para los hogares más afectados.
Esta crisis energética no solo pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema eléctrico ecuatoriano, sino que también revela las interconexiones complejas entre energía, economía y política pública en un país en desarrollo. Las recientes proyecciones del Banco Central del Ecuador (BCE), que han revisado a la baja las expectativas de crecimiento para 2024 (de 1% a 0,9%), son un reflejo directo de cómo los desafíos en el sector energético pueden tener ramificaciones de largo alcance en toda la economía.
LA MAGNITUD DE LA CRISIS: UN ESTIAJE SIN PRECEDENTES
El gobierno ecuatoriano ha caracterizado la actual situación como el peor estiaje que enfrenta el país en más de seis décadas. Esta escasez crítica de lluvias ha afectado severamente la capacidad de generación hidroeléctrica, que constituye una parte fundamental de la matriz energética del país. Según las predicciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), citadas en el Decreto Ejecutivo 384, “los meses de mayor carencia de lluvia serán de septiembre a diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025”.
La gravedad de la situación ha llevado al Gobierno a implementar medidas de emergencia. Entre las más notables se encuentra la suspensión temporal programada del servicio de energía en todo el país. Según el comunicado oficial emitido el 17 de septiembre de 2024, estas suspensiones se llevarán a cabo los días 18, 23, 24, 25 y 26 de septiembre, en horario de 22:00 a 06:00. Esta medida, aunque diseñada para “generar el menor impacto posible en las actividades productivas y el desarrollo de las jornadas laborales”, inevitablemente tendrá consecuencias significativas en la vida cotidiana y la actividad económica del país.
Además de los cortes programados, el Gobierno ha implementado otras acciones para mitigar la crisis. Estas incluyen la puesta en marcha de una barcaza de energía, la aprobación de reglamentos para la importación de gas natural, la complementación de estructuras energéticas abandonadas y una campaña de ahorro de energía en el sector público. Medidas adicionales, como apagar las luces de los corredores y limitar el uso de ascensores solo para personas de grupos vulnerables, reflejan la severidad de la situación y la necesidad de acciones inmediatas en todos los niveles de la sociedad.
REVISIÓN A LA BAJA DE LAS PROYECCIONES ECONÓMICAS
La crisis energética ha tenido un impacto directo y significativo en las perspectivas económicas del país. Según el documento de Programación Macroeconómica 2024-2028 del BCE, la previsión de crecimiento económico para 2024 se ha revisado del 1% al 0,9%. Esta proyección representa una disminución de 1,5 puntos porcentuales frente al crecimiento de 2023, que fue del 2,4% (Gráfico 1).
Gráfico 1
Proyecciones del crecimiento económico 2024 – 2028
El BCE atribuye el crecimiento proyectado para 2024 principalmente al impulso de factores externos, específicamente al dinamismo de las exportaciones netas. Se espera que las exportaciones de bienes y servicios crezcan en 2,4%, impulsadas por factores como el boom de precios del cacao y la recuperación de las exportaciones de atún y pescado. Por otro lado, se anticipa una contracción de las importaciones (-0,8%), lo que contribuye positivamente al crecimiento del PIB.
En el frente interno, el panorama es menos alentador. El consumo de los hogares, un motor clave de la economía, muestra signos de debilitamiento con un crecimiento proyectado de apenas 0,2% para 2024. Esta cifra es significativamente menor al 0,7% estimado en abril y refleja la persistente incertidumbre económica, la moderación en el crecimiento del crédito y las presiones inflacionarias que afectan el poder adquisitivo de las familias. El consumo del Gobierno General podría crecer un 1,1%, asociado al mayor gasto en seguridad y a la expansión de la cobertura de educación, salud y bonos sociales.
La formación bruta de capital fijo (inversión), un indicador clave de la inversión en la economía, también ha sido revisada a la baja. El BCE ahora anticipa un crecimiento del 0,6% en este rubro para 2024, reflejando la cautela de los inversionistas frente a un panorama económico incierto y las dificultades para atraer inversión extranjera directa en volúmenes significativos.
Mirando hacia el futuro, el BCE proyecta una recuperación gradual del crecimiento económico. Se espera que la tasa de crecimiento aumente a 1,5% en 2025, y luego se estabilice en 2,2% para los años 2026 y 2027, con un ligero incremento a 2,23% en 2028. Esta trayectoria sugiere una expectativa de recuperación económica a mediano plazo, aunque a un ritmo moderado.
MEDIDAS DE MITIGACIÓN: ENTRE EL ALIVIO ECONÓMICO Y LA SOSTENIBILIDAD FISCAL
Frente a esta crisis, el Gobierno ecuatoriano ha implementado una serie de medidas destinadas a mitigar el impacto en la población y en la economía. Una de las más destacadas es la gratuidad de las planillas eléctricas para consumos de hasta 180 kW/h durante los meses de diciembre de 2024, enero y febrero de 2025. Esta medida, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 384, busca proporcionar un alivio directo a los hogares ecuatorianos en un momento de dificultades económicas y energéticas.
Según el análisis realizado por Oikonomics Consultora Económica, el costo total estimado de esta política para los tres meses de aplicación ascendería a USD 539,4 millones. Este monto se distribuye de la siguiente manera: USD 321,8 millones se destinarán a otros grupos, USD 121,9 millones beneficiarán a usuarios residenciales con consumo menor a 180 kW/h, y USD 95,7 millones se asignarán a usuarios residenciales con consumo mayor a 180 kW/h. (Gráfico 2)
Gráfico 2
Costo monetario de la política
Asimismo, Oikonomics ofrece una visión detallada de la distribución geográfica de los beneficiarios de la medida de gratuidad en las planillas eléctricas. Este análisis revela patrones significativos en la distribución del beneficio a lo largo del territorio ecuatoriano (Gráfico 3).
Gráfico 3
Estimación de clientes beneficiarios por provincia
Fuente y elaboración: Oikonomics
La provincia que se destaca notablemente es Pichincha, que incluye a la capital Quito, con un 28,9% del total de beneficiarios. Según Oikonomics, “la mayor parte de los beneficiados se concentran en provincias de la Costa y Sierra. Específicamente, el 43% de los beneficiados están en tres provincias de la Sierra (Pichincha, Azuay y Tungurahua). El 11% de estos se concentran las provincias de Guayas y Manabí.”
Si bien esta medida proporciona un alivio inmediato a los hogares, también plantea desafíos significativos para las finanzas públicas. El impacto fiscal de esta política es considerable, especialmente en un contexto de restricciones presupuestarias y proyecciones de crecimiento a la baja. Adicionalmente, el análisis de Oikonomics revela una dimensión importante sobre el alcance de esta política.
La consultora destaca que el beneficio de esta medida no se limita exclusivamente a la población de escasos recursos. Por el contrario, su alcance se extiende a una amplia proporción de la población, sin distinción de su condición socioeconómica. Para ilustrar este punto, Oikonomics señala que en el caso específico del cantón Quito, 60 de las 66 parroquias podrían beneficiarse de esta iniciativa.
Esta observación plantea interrogantes cruciales sobre la efectividad y la equidad de la política. Por un lado, su amplio alcance asegura que un gran número de hogares reciba apoyo durante la crisis energética. Sin embargo, al no estar focalizada específicamente en los sectores más vulnerables, la medida podría estar utilizando recursos públicos para subsidiar el consumo eléctrico de hogares que no necesariamente requieren esta asistencia.
Este enfoque generalizado, aunque políticamente atractivo, podría no ser la forma más eficiente de utilizar los limitados recursos fiscales en un momento de restricciones económicas. Además, plantea cuestiones sobre la sostenibilidad a largo plazo de tales políticas y su capacidad para abordar de manera efectiva las desigualdades socioeconómicas subyacentes en el acceso y consumo de energía.
IMPACTO ECONÓMICO: LOS APAGONES GOLPEAN AL SECTOR PRODUCTIVO
Los recientes apagones en Ecuador han generado una ola de preocupación en el sector empresarial debido a las cuantiosas pérdidas económicas. Según estimaciones de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), cada noche de apagón representa pérdidas de aproximadamente USD 20 millones para el sector productivo. Con cinco noches de cortes programados, las pérdidas podrían ascender a USD 100 millones.
La gravedad de la situación se intensifica al considerar que, según la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), cada hora sin energía eléctrica puede costar al país alrededor de USD 12 millones. Estos cálculos no incluyen los gastos adicionales en los que han incurrido las empresas para adquirir generadores y combustible, inversiones que podrían no recuperarse debido a las restricciones operativas impuestas por los cortes y medidas de seguridad como el toque de queda.
El impacto se extiende más allá de las cifras inmediatas. La crisis energética amenaza con erosionar la confianza empresarial tanto a nivel nacional como internacional, lo que podría tener repercusiones a largo plazo en la inversión y el crecimiento económico del país.
El impacto se extiende a diversos sectores. Juan Xavier Sánchez, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) dijo a El Universo que el sector privado colaborará para minimizar el impacto de la crisis energética, pero enfatizó en la necesidad de transparencia en la información para que las empresas puedan planificar sus actividades. Además, señala que los sistemas de seguridad de algunas empresas y hogares podrían dejar de funcionar durante los cortes de energía, lo que genera inquietud adicional.
La crisis energética que enfrenta Ecuador en 2024 no solo representa un desafío inmediato, sino que también ofrece una oportunidad única para repensar y rediseñar el sistema energético del país. Esta situación pone de relieve la necesidad urgente de diversificar la matriz energética, reduciendo la dependencia excesiva de la generación hidroeléctrica y explorando más a fondo otras fuentes renovables.
Por otro lado, la situación actual evidencia la necesidad de una planificación energética a largo plazo que integre consideraciones ambientales, económicas y sociales. Esto implica no solo mejorar la capacidad de generación, sino también fomentar una cultura de eficiencia energética entre consumidores e industrias.
Finalmente, esta situación ofrece una oportunidad para reevaluar y mejorar los mecanismos de subsidios y tarifas eléctricas, buscando un equilibrio entre la accesibilidad para los sectores más vulnerables y la sostenibilidad financiera del sector eléctrico. Un enfoque más focalizado y eficiente en la distribución de subsidios podría liberar recursos para inversiones cruciales en infraestructura y tecnología.
En última instancia, la forma en que Ecuador responda a esta crisis energética no solo determinará su recuperación económica a corto plazo, sino que también sentará las bases para un futuro energético más sostenible, resiliente y equitativo.