El sistema político ecuatoriano se enfrenta a un escenario de alta fragmentación de cara a las elecciones presidenciales de 2025, con un récord de 17 pre-binomios interesados en competir por la primera magistratura. Este hecho marca un punto de inflexión en la tendencia de los últimos procesos electorales y plantea importantes desafíos para la gobernabilidad y la consolidación democrática del país.
Para Giuseppe Cabrera, abogado e investigador en teoría política y participación ciudadana, esta proliferación de candidaturas responde principalmente a “un sistema de partidos que no está institucionalizado” y a la “alta volatilidad” política que ha caracterizado al Ecuador en las últimas décadas. Este fenómeno refleja la crisis de representación que atraviesa el país y la búsqueda de nuevas alternativas por parte del electorado.
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE PARTIDOS ECUATORIANO: MULTIPARTIDISMO
El sistema político ecuatoriano ha experimentado una notable transformación en las últimas dos décadas, pasando de un multipartidismo moderado a un escenario de fragmentación alta. Como se evidencia en los datos, el número de binomios presidenciales ha fluctuado significativamente (Gráfico 1).
Gráfico 1
Evolución de binomios presidenciales
Esta evolución refleja la inestabilidad y volatilidad del sistema de partidos ecuatoriano. Según el politólogo Julio Paltán, en su artículo “La crisis del sistema político ecuatoriano y la caída de Gutiérrez”, esta tendencia se explica por “la debilidad institucional de los partidos tradicionales y la emergencia de nuevos actores políticos que buscan capitalizar el descontento ciudadano”.
El punto de inflexión parece haberse producido en 2021, cuando se duplicó el número de candidaturas respecto a los tres procesos anteriores. La ligera reducción en 2023 no logró revertir la tendencia, que ahora alcanza su punto máximo con 17 pre-binomios para 2025.
Tabla 1
FACTORES QUE PROPICIAN LA ATOMIZACIÓN POLÍTICA
Diversos factores confluyen para explicar esta proliferación de candidaturas presidenciales. Cabrera, en entrevista para GESTIÓN, destaca la debilidad institucional de los partidos, que se manifiesta en la falta de arraigo y continuidad de las organizaciones políticas, facilitando la creación de nuevos movimientos coyunturales. Además, señala que la obligatoriedad legal de presentar candidaturas incentiva a los partidos a postular candidatos para mantener su registro, incluso sin posibilidades reales de triunfo.
El acceso a recursos estatales para campañas, a través del financiamiento público, también motiva la participación de candidaturas con escaso respaldo. Asimismo, la crisis de representación y el desencanto ciudadano con la política tradicional abren espacios para nuevas propuestas. Cabrera también resalta que la facilidad para crear partidos locales dificulta la consolidación de partidos nacionales fuertes.
EFECTOS EN LA PERCEPCIÓN CIUDADANA Y LA CALIDAD DEMOCRÁTICA
La multiplicación de opciones electorales tiene un impacto significativo en la percepción ciudadana sobre el sistema político y la calidad de la democracia. Según Cabrera, este fenómeno genera “desafección política”, es decir “las personas no se sienten identificadas con sus representantes y sus partidos”.
Esta desconexión entre ciudadanía y clase política puede tener consecuencias negativas para la legitimidad del sistema democrático. Como señala Flavia Freidenberg en su artículo “Los cambios del sistema de partidos ecuatoriano”, la excesiva fragmentación “dificulta la agregación de intereses y la formación de mayorías estables, erosionando la confianza en las instituciones democráticas”.
Además, la proliferación de candidaturas puede generar confusión en el electorado y dificultar un debate político sustancial. Con 17 binomios compitiendo por la atención mediática y el voto ciudadano, existe el riesgo de que las propuestas se diluyan en una disonancia de mensajes y promesas electorales. Como indica Freidenberg, este escenario de múltiples candidaturas “puede llevar a la imprevisibilidad de los resultados electorales y, por tanto, a la ‘política del todo vale’”.
Cabrera señala un factor adicional que contribuye a esta proliferación de candidaturas: el cambio en el sistema de financiamiento electoral. Según explica, desde que se cambió la forma en la que se financia el fondo de promoción electoral, es decir lo que se usa para pautaje para medios de comunicación, las candidaturas saben que van a estar escuchados ya sea en la radio o en cadenas nacionales de algún canal. Este cambio ha eliminado una barrera económica que antes limitaba el número de candidaturas, ya que ahora “si el Estado cubre (la propaganda), esto también hace que las candidaturas proliferen”.
En este contexto, la estratega política Andrea Yépez argumenta que financiar tantos candidatos poco competitivos representa una pérdida para todos, incluso para aquellos que creen beneficiarse de esta situación.
En su cuenta de X, Yépez explicó que muchos candidatos se lanzan con el objetivo de “posicionar” nacionalmente su nombre. Sin embargo, cuestiona la efectividad de esta estrategia: “¿Cuál nombre? ¿Qué valores simboliza ese nombre? Si no hay relato de vida coherente, acciones sólidas que respalden ese relato e implicación previa en los problemas de su entorno, ese nombre para la gente no significa nada y por mucho que aparezcan en la papeleta, serán olvidados”.
Además, critica a quienes buscan construir una imagen previa a las elecciones locales a través de una candidatura presidencial. Advierte que esta táctica puede ser contraproducente: “¿Qué imagen? ¿La de perdedor? De verdad, amigos, cuánto podrían ganar asociando su nombre con una campaña nacional sin identidad, sin alcance, sin resultados. No necesitan ser expertos para saber que eso, lejos de catapultar su carrera tal como la experiencia lo demuestran es un paso hacia el cementerio político”.
Como alternativa, Yépez sugiere que los candidatos consideren retirar sus candidaturas de manera estratégica. Propone que reconozcan públicamente que correr entre 17 candidatos “no es saludable para el país” y que se comprometan a “seguir trabajando con fuerza para participar en la siguiente elección con una propuesta que responda en contenido y alcance a las expectativas del Ecuador”.
Argumenta que tal acción podría posicionar a estos candidatos como “ganadores en la categoría de ética/honestidad en un país donde todos mienten”. Esta propuesta refleja una preocupación por la calidad del debate democrático y sugiere que menos candidatos, pero más comprometidos y preparados, podrían mejorar la percepción ciudadana del proceso electoral y, por extensión, del sistema democrático en su conjunto.
DESAFÍOS PARA LA GOBERNABILIDAD Y EL SISTEMA POLÍTICO
El escenario de extrema fragmentación política plantea serios retos para la gobernabilidad del país tras las elecciones de 2025. Giuseppe Cabrera advierte que este panorama podría derivar en “un gobierno débil o inestable”, ya que “es difícil negociar con un montón de bancadas” en un Legislativo fragmentado.
La experiencia histórica de Ecuador muestra que los gobiernos sin mayorías legislativas sólidas han enfrentado grandes obstáculos para implementar sus agendas políticas, donde las iniciativas del Ejecutivo se ven constantemente bloqueadas en el Legislativo. Esto no solo dificulta la implementación de políticas públicas necesarias, sino que también puede generar una percepción de ineficacia gubernamental entre la ciudadanía.
Cabrera advierte sobre la complejidad de las negociaciones en un Legislativo atomizado, lo que podría resultar en alianzas frágiles y políticas públicas inconsistentes. Este panorama no solo dificulta la implementación de reformas estructurales necesarias, sino que también puede exacerbar la polarización política.
IMPLICACIONES ECONÓMICAS DE LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA
La fragmentación del sistema político ecuatoriano y la consecuente incertidumbre sobre el futuro gobierno tienen implicaciones significativas para la economía del país. Giuseppe Cabrera destaca cómo este escenario de alta volatilidad política puede afectar diversos aspectos del panorama económico.
En primer lugar, señala el papel conjunto del poder Ejecutivo y el Legislativo, y advierte que la fragmentación parlamentaria puede obstaculizar la aprobación de reformas económicas necesarias y puede seguir atrasando el desarrollo del país.
Cabrera ilustra cómo la fragmentación legislativa puede obstaculizar importantes acuerdos económicos y comerciales. Cita ejemplos concretos como las complicaciones en el acuerdo con China, la donación de helicópteros rusos a Estados Unidos, y el retraso en el ingreso de Ecuador al tratado con la Unión Europea. Este último caso resultó en que Colombia y Perú obtuvieran la exoneración de la visa Schengen, mientras que Ecuador aún no lo ha logrado.
Explica que estos retrasos se deben a que la Asamblea debe aprobar la ratificación de beneficios arancelarios, Tratados de Libre Comercio o el ingreso del país a organizaciones multilaterales como Mercosur o la Alianza del Pacífico. Incluso decisiones sobre reservas protegidas, como el proyecto de explotación del ITT durante el gobierno de Correa, requieren la aprobación de la Asamblea.
Por ello, una Asamblea muy diversa no solo afecta a las grandes corporaciones, sino también al ciudadano común. La incertidumbre sobre las lealtades políticas y los intereses representados en una Asamblea fragmentada puede llevar a bloquear o permitir convenios con empresas que podrían tener un impacto significativo en el país, ya sea positivo o negativo.
Asimismo, esta incertidumbre podría tener un impacto directo en la inversión, tanto nacional como extranjera. Los inversionistas suelen buscar entornos estables y predecibles para sus operaciones a largo plazo. Un sistema político altamente fragmentado, con la posibilidad de cambios frecuentes en las políticas económicas, podría desincentivar la inversión privada, limitando así el crecimiento y la creación de empleo.
En este contexto, Cabrera sugiere implícitamente la importancia de construir consensos mínimos sobre las prioridades económicas nacionales. Esto podría proporcionar cierta estabilidad y previsibilidad al rumbo económico del país, más allá de los ciclos electorales y las fluctuaciones políticas.
¿QUIÉNES VAN A VOTAR ESTE 2025?
En las elecciones presidenciales de 2025 en Ecuador, se espera que 13’736.314 ciudadanos ejerzan su derecho al voto. De este total, 13’279.827 son votantes nacionales, mientras que 456.487 son votantes en el extranjero (Gráfico 2).
Gráfico 2
Votantes para el 2025
Según Primicias, los votantes de entre 18 y 25 años, para quienes el voto es obligatorio, serán en estas elecciones 11,22 millones. Este segmento joven representa más del 70% del total de votantes esperados, lo que evidencia su enorme peso en el electorado y su potencial para definir el resultado de los comicios.
Cabrera sugiere que los votantes deberían identificarse con las ideas y propuestas centrales de los partidos, como ocurre en Europa. “Si tuviéramos una idea clara, es decir, por ejemplo, el partido verde siempre tiene este pensamiento, entonces voy a votar siempre por este; el partido rojo siempre defiende esta causa, entonces me voy por allá. Esto pasa en países europeos por ejemplo, ni siquiera presentan planes de gobierno, pero sí presentan propuestas de campañas y así convencen a la gente”, señala.
La capacidad del futuro gobierno para navegar este complejo escenario político y económico será crucial. Se requerirá de habilidad para formar coaliciones, negociar acuerdos y mantener un diálogo constante con diversos actores económicos y sociales. Solo así se podrá mitigar el impacto negativo de la fragmentación política en la economía y aprovechar las oportunidades de desarrollo que se presenten.
En última instancia, el desafío para Ecuador será encontrar un equilibrio entre la representatividad política y la estabilidad económica. Esto implicará no solo reformas en el sistema electoral, sino también en la cultura política del país, fomentando una mayor colaboración entre partidos y un enfoque más pragmático en la gestión económica.
(*) Economista, analista económica Revista Gestión.
Last modified on 2024-08-25