El acceso equitativo a la infraestructura representa uno de los ejes fundamentales para reducir la disparidad de género en países en desarrollo como Ecuador. Cuando las mujeres no pueden acceder a oportunidades laborales o educativas, no siempre es por falta de habilidades, sino porque la infraestructura a su alrededor se convierte en una barrera infranqueable. Según el Banco Mundial, el transporte poco confiable, la escasa disponibilidad de internet o la falta de acceso a energía asequible contribuyen significativamente a la exclusión de las mujeres de la vida económica y social. Esta realidad se refleja claramente en Ecuador, donde las brechas en infraestructura de transporte, conectividad digital y energía continúan perpetuando desigualdades históricas, limitando el potencial de desarrollo tanto de las mujeres como del país en su conjunto.
La infraestructura dista mucho de ser neutral con respecto al género. Con frecuencia, las mujeres quedan rezagadas porque los sistemas no satisfacen sus necesidades específicas. El impacto económico de estas disparidades es considerable: si las mujeres tuvieran un papel idéntico al de los hombres en los mercados laborales, el PIB mundial anual podría aumentar más de un 20%.
MOVILIDAD Y SEGURIDAD: TRANSFORMANDO EL TRANSPORTE PÚBLICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
El transporte público representa un área crítica donde las disparidades de género se manifiestan claramente. Según el Banco Mundial, las mujeres dependen del transporte público más que los hombres, pero enfrentan obstáculos como el acoso, las rutas inseguras y los sistemas mal diseñados que no consideran sus patrones de desplazamiento, que suelen incluir viajes más cortos y frecuentes con múltiples paradas en un solo trayecto. Esta realidad limita significativamente la movilidad de las mujeres y, por ende, su acceso a atención médica, educación y oportunidades laborales.
La situación en Ecuador refleja esta problemática global. Según el municipio de Quito, 6 de cada 10 mujeres han sufrido acoso en el transporte metropolitano. Esta alarmante estadística evidencia que la inseguridad en el transporte público constituye una barrera significativa para la plena participación de las mujeres en la vida económica y social de la ciudad (Gráfico 1).
Gráfico 1
6 de cada 10 mujeres han sufrido acoso en el transporte en Quito
La subrepresentación de las mujeres en la fuerza laboral del sector transporte también contribuye a perpetuar estas desigualdades. A nivel mundial, según el Banco Mundial, las mujeres representan solo el 12% de los trabajadores en las áreas de transporte y almacenamiento. En América Latina, y específicamente en Ecuador, la participación femenina en el sector es aún menor, con apenas un 10,8% y un 10%, respectivamente, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2021.
El proyecto del Metro de Quito intenta transformar esta realidad. Como destacan Marcela Silva, Karla Domínguez González y Alejandro Hoyos Guerrero en su artículo “Mujeres en el transporte, un avance que conduce al cambio en Quito”, el 40% de los trabajadores del Metro de Quito son mujeres, incluyendo cargos gerenciales, estratégicos y operacionales. Más significativo aún es que el 50% de los cargos directivos son ocupados por mujeres. Este avance no solo representa una mejora en términos de equidad laboral, sino que también contribuye a diseñar servicios de transporte que consideran las necesidades específicas de las usuarias femeninas.
Las medidas implementadas por el Metro de Quito para incrementar el empleo femenino incluyen un Plan Organizativo y de Empleo que establece un mínimo del 20% de representación femenina en todos los segmentos de la organización, protocolos para prevenir y abordar infracciones a los derechos de las mujeres, y alianzas con universidades para alinear las necesidades de empleabilidad con una perspectiva de género. El proyecto demuestra que la colaboración entre el sector público, el privado y los organismos internacionales es fundamental para lograr la igualdad de género en el sector transporte.
ACCESO A ENERGÍA: UN CAMBIO TRANSFORMADOR PARA LAS MUJERES
El acceso a energía confiable representa otro cambio transformador para las mujeres. Según el Banco Mundial, la capacidad de las mujeres para educar a sus hijos, dirigir negocios y mejorar su salud y seguridad aumenta rápidamente cuando tienen acceso fiable a la energía. Sin embargo, muchas zonas rurales en países como Ecuador carecen de este acceso confiable a la electricidad o a tecnologías limpias para cocinar, lo que afecta desproporcionadamente a las mujeres.
A nivel global, el Banco Mundial señala que aproximadamente 675 millones de personas no cuentan con conexiones a luz eléctrica y 2.400 millones no tienen acceso a formas limpias de cocinar. Esta carencia impone una carga desproporcionada sobre las mujeres, quienes dedican más horas a tareas como recoger agua y leña o preparar alimentos, disponiendo de menos tiempo para estudiar o trabajar. En promedio, las mujeres y niñas pasan 50 horas cada semana en estas actividades, lo que a nivel mundial supone 200 millones de horas diarias.
En Ecuador, los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con corte a marzo de 2025 revelan disparidades significativas en el acceso a servicios básicos, particularmente en los hogares de menores ingresos. Mientras que el 97,02% de los hogares ecuatorianos tiene acceso a servicio eléctrico, esta cifra desciende al 88,78% en los hogares del primer decil de ingresos, precisamente donde las mujeres sufren mayor vulnerabilidad económica (Tabla 1).
Tabla 1
Acceso a servicios básicos por hogar por deciles
Más preocupante aún resulta el acceso a fuentes de energía para cocinar, donde solo el 72,29% de los hogares del primer decil cuenta con alternativas adecuadas, comparado con el 97,58% en los deciles superiores.
La disparidad entre zonas rurales y urbanas agrava aún más esta situación. Según el Censo 2022, la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) afecta al 61,4% de la población en áreas rurales, frente al 27,1% en zonas urbanas. Considerando que el acceso a servicios básicos es un componente fundamental de este indicador, se puede inferir que las mujeres rurales enfrentan barreras mucho más severas para acceder a fuentes de energía confiables y limpias (Gráfico 2).
Gráfico 2
Pobreza por NBI
Esta realidad tiene implicaciones directas en la perpetuación de roles tradicionales de género. Como señala Gabriela Jiménez en su tesis titulada “El acceso a servicios básicos y la limitación de capacidades en la ruralidad desde la perspectiva del Desarrollo Humano”, cuando las mujeres no cuentan con servicios básicos adecuados, “poseen características en función al ejercicio progresivo de los derechos humanos y a la creación y/o fortalecimiento de capacidades” que se ven limitadas significativamente.
Cuando las mujeres deben dedicar varias horas diarias a la recolección de leña o a cocinar con métodos ineficientes, disponen de menos tiempo para educación, trabajo remunerado o participación comunitaria, lo que limita significativamente sus posibilidades de empoderamiento económico y social. Jiménez añade que esta privación de servicios básicos “no logran una libertad plena” y representa una “limitación ante la resolución de necesidades que poseen junto con la libertad se ve coartada”, afectando especialmente a las mujeres del entorno rural.
REDUCIENDO LA BRECHA DIGITAL: CONECTIVIDAD E INCLUSIÓN ECONÓMICA
La conectividad digital juega un papel fundamental en la participación económica, la educación y la innovación, especialmente para las mujeres en países en desarrollo como Ecuador. Según el Banco Mundial, a pesar de los avances mundiales en la reducción de la disparidad de género en el ámbito digital, todavía hay 244 millones menos de mujeres que hombres que utilizan internet móvil y se benefician de este servicio alrededor del mundo.
Esta brecha digital tiene un impacto económico devastador. El Banco Mundial estima que 32 países de ingreso bajo y mediano podrían perder más de USD 500.000 millones en términos de PIB en los próximos cinco años debido a la brecha digital por razón de género. Esta disparidad refleja y amplifica las desigualdades sociales, económicas y políticas preexistentes, especialmente las diferencias en educación, empleo, ingresos, responsabilidades domésticas y movilidad.
Los datos sobre analfabetismo digital en Ecuador revelan una persistente brecha de género que, aunque ha mostrado mejoras en los últimos años, sigue siendo significativa. En 2022, mientras el 6,8% de los hombres eran considerados analfabetos digitales, esta cifra alcanzaba el 9,5% en las mujeres (Gráfico 3).
Gráfico 3
Evolución del analfabetismo digital
Para 2023, estos porcentajes se redujeron a 6,5% y 8,6% respectivamente, y en 2024 continúan descendiendo hasta el 5,0% en hombres y 5,9% en mujeres. A pesar de esta tendencia positiva, la diferencia porcentual persiste, evidenciando barreras estructurales en el acceso y uso de tecnologías digitales para las mujeres ecuatorianas.
CERRANDO BRECHAS: RECOMENDACIONES PARA UNA INFRAESTRUCTURA INCLUSIVA
Siguiendo los lineamientos del Banco Mundial, es fundamental implementar estrategias integrales que aborden las disparidades en los tres sectores analizados. En el ámbito del transporte público, resulta prioritario expandir el modelo exitoso del Metro de Quito a otros sistemas de transporte del país. Esto implica no solo establecer cuotas mínimas de participación femenina en todos los niveles organizacionales, sino también diseñar rutas y horarios que consideren los patrones específicos de desplazamiento de las mujeres. Adicionalmente, la implementación de protocolos robustos contra el acoso y el mejoramiento del alumbrado público en estaciones y paradas contribuirían significativamente a la seguridad de las usuarias.
Respecto a la conectividad digital, Ecuador debe intensificar esfuerzos para reducir el analfabetismo digital femenino. La creación de centros comunitarios de capacitación digital con enfoque de género permitiría a mujeres y niñas desarrollar habilidades tecnológicas en entornos seguros, Como señala el Banco Mundial, esta brecha digital podría generar pérdidas significativas en términos de PIB si no es abordada.
En el sector energético, es importante reconocer que los hogares del primer decil de ingresos presentan el menor acceso a servicios básicos, con solo un 88,78% con acceso a electricidad y un 72,29% con acceso a fuentes adecuadas para cocinar. Considerando que en estas condiciones son frecuentemente las mujeres quienes asumen cargas adicionales de trabajo doméstico, se requieren programas de electrificación y tecnologías limpias para cocinar que beneficien a estos hogares. Esto aliviaría la carga desproporcionada que recae sobre las mujeres, quienes según el Banco Mundial dedican en promedio 50 horas semanales a tareas como recolectar agua, leña y preparar alimentos.
Considerando las recomendaciones del Banco Mundial, el Ecuador debería fortalecer sus sistemas de recolección de datos desagregados por género, establecer metas cuantificables de reducción de brechas y destinar financiamiento específico a infraestructura inclusiva. La participación activa de mujeres en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas resulta imprescindible para garantizar que las intervenciones respondan efectivamente a sus necesidades.
Cerrar la brecha de género en infraestructura no es solo una cuestión de justicia social, sino una estrategia económica inteligente que podría incrementar significativamente el PIB ecuatoriano. La infraestructura inclusiva es, en definitiva, un poderoso catalizador para construir una sociedad más equitativa y próspera para todas y todos.
(*) Elaborado por economista Liz Ortiz, analista económica Revista Gestión.
Last modified on 2025-03-18